SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, Javier del Olmo, ha recurrido el auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que le imputa por dos presuntos delitos de obstrucción a la justicia, uno de ellos en concurso con otro supuesto delito de prevaricación.
El consejero presentó el pasado día 21 un recurso de reforma subsidiario de apelación ante el instructor de la causa en el que se pide que se reconsidere el auto, que supuso la transformación de las diligencias previas abiertas en un procedimiento abierto y, con ello, la posibilidad de abrir juicio en función de las peticiones que realicen las partes.
En caso de que este recurso ratifique el auto, se podrá presentar un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, que instruye la causa y dictó el auto, según explicaron fuentes judiciales.
No obstante, de esta apelación estarían excluidos el instructor y también el magistrado Santiago Pérez Obregón, que ya se inhibió debido a que participó en este proceso cuando se encontraba en la fase social y laboral.
El auto dictado por el TSJC el pasado 16 de mayo apreciaba indicios de delito por la actuación del consejero de Industria en su anterior etapa como presidente de la Autoridad Portuaria, cuando un directivo fue despedido de forma improcedente por declarar a favor de un trabajador en un proceso de reclamación de categoría, mientras el trabajador, por su parte, vio empeoradas sus condiciones de trabajo.
Junto a ello, también se le imputa por presunta prevaricación, ya que el despido lo acordó supuestamente el propio Del Olmo, pese a tratarse de decisiones que competían al Consejo de Administración del Puerto.
El auto daba un plazo de diez días para que las partes presentaran escrito, ya fuese de defensa o de acusación, paso necesario para el juicio oral. No obstante, el recurso de Del Olmo supone una paralización del proceso, ya que primero habría que decidir sobre su petición para que el auto sea firme, y se puedan así presentar los correspondientes escritos.
La denuncia contra el consejero la presentaron un directivo y un técnico del Puerto tras el despido de uno de ellos por declarar a favor del otro en un proceso laboral de reclamación de categoría profesional. En la jurisdicción de lo social ya se declaró improcedente ese despido.
