Consejeros del PSOE-A en el CAA aseguran que todos sus gastos están justificados y los achacan a su intensa actividad

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) que fueron nombrados en su día a propuesta del PSOE, Cristina Cruces, Carmen Morillo, María Luisa Pérez, Mercedes de Pablo y Francisco Cervantes, aseguraron hoy que todos sus gastos están justificados y los achacaron a la intensidad actividad que desarrollan en el ejercicio del cargo.

En un comunicado, expresaron que desmienten "tajantemente la imputación que se nos hace de actuaciones y gastos irregulares en el desempeño de nuestras funciones como miembros del Consejo, según publican diversos medios de comunicación en el día de hoy" y muestran su preocupación por que su imagen y, sobre todo, la de la institución que representan pueda quedar dañada.

En este sentido, señalan que cualquiera de las actuaciones que han efectuado han tenido siempre "carácter oficial e inherente al desempeño de nuestras funciones, y se ha fiscalizado desde la legalidad establecida y sometido a los controles reglamentarios, siempre en el ejercicio del puesto que ostentamos y en relación con las actividades propias de nuestro cargo en el seno del órgano". "Desde el año 2005 en que nació el Consejo Audiovisual de Andalucía, todos aquellos gastos realizados por desplazamientos, comidas de trabajo, protocolo, reuniones y jornadas, han sido resultado de la actividad desarrollada por la institución", apuntaron.

"Es fácil entender que provocamos más gastos quienes hemos desplegado más actividad en el ejercicio de nuestras responsabilidades", indicaron estos cinco consejeros, que añadieron que "no en vano hemos sido nosotros, tal y como se recoge en las memorias presentadas al Parlamento de Andalucía, quienes hemos llevado el peso del noventa por ciento de estas actividades del Consejo Audiovisual de Andalucía, que afectan y se han desarrollado en la totalidad del territorio andaluz", así como la casi totalidad de las propuestas de resolución, informes preceptivos e informes especiales, y actividades ordinarias y extraordinarias del CAA.

En lo relativo a los desplazamientos efectuados, manifestaron que el CAA, con doce altos cargos y que despliega su actividad en todas las provincias andaluzas, "dispone sólo de un conductor", que "ha permanecido normalmente al servicio del presidente de la institución, con lo que la movilidad habitual de consejeros y consejeras, en el ejercicio de nuestras responsabilidades, ha tenido que valerse de servicios ajenos al órgano, como el tren, vehículo propio o, en muchos casos, servicio público de taxis". "En este último caso, hemos tenido que abonar personalmente el servicio para que, con posterioridad, nos sea reintegrado su coste", señalaron.

En cuanto a la "acusación que se hace desde determinados medios de consumos 'no oficiales' o que no están justificados", afirmaron que es "rotundamente falso", apuntando que en las comidas, "quizá los gastos más llamativos y cuya facturación se nos imputa prácticamente en exclusiva, existe un desfase entre los albaranes firmados por estos consejeros y las cantidades totales publicadas". "Se mencionan acciones de manipulación administrativa, agrupamientos de suma o calzos de fechas que, de haberse producido, no serían responsabilidad de quienes tenemos la exclusiva condición estatutaria de firmar los gastos efectivamente realizados", indicaron.

Para estos consejeros, estos "supuestos gastos, filtrados a los medios en sobre anónimo de modo vergonzante e ilegal", se vienen produciendo "por todos los miembros del CAA desde su creación, así como del personal de mayor rango, el gabinete de la presidencia y la secretaría general, de cuyas comidas, desplazamientos, dotación de medios materiales y otros datos presupuestarios dispone el Consejo y a los que tienen acceso los miembros del pleno, bajo la custodia del secretario general".

Quisieron dejar claro que siempre han sido "transparentes en estas cuestiones, como en todas aquellas que hayan tenido que ver con las previsiones establecidas para nuestro cargo", si bien "no siempre han sido asumidas por otros miembros de este órgano, tal y como ha sucedido con la anual declaración pública de bienes e intereses o las prescriptivas peticiones de compatibilidad que este consejero y estas consejeras, y no otros, hemos realizado en cuantas cuestiones hayan sido precisas".

Consideran que enviar a los medios "datos parciales, incompletos y manipulados, textos con afirmaciones no documentadas, a fin de presentarnos como irresponsables con el dinero público define a quien quiere recurrir a este tipo de acciones", al tiempo que añadieron que "acogerse a la falsedad y la calumnia, sustrayendo y filtrando documentación a la que tienen acceso solo los miembros del Pleno del Consejo, supone un hecho de la máxima gravedad, por lo que nos reservamos las acciones legales oportunas para salvaguardar la honestidad de la institución".

Para estos cinco consejeros, "estos hechos no solo perjudican nuestra honorabilidad e imagen personal, sino la credibilidad del órgano mismo", al tiempo que son sólo "un paso más en el montaje y burda mentira que, desde dentro mismo de la institución, y con el exclusivo fin de dinamitarla, pretende avanzar en la neutralización de un órgano que, con su valiente apuesta de creación, sitúa a Andalucía, pese a quien pese, en vanguardia de la defensa de los valores democráticos y de los derechos de la ciudadanía".