MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros autorizó hoy la adhesión del Reino de España al Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales.
El Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional fue aprobado por consenso por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante una Resolución de 31 de mayo de 2001.
El Protocolo entró en vigor el 3 de julio de 2005. España, que ni lo ha firmado ni lo ha ratificado hasta la fecha, si forma parte desde el 1 de marzo de 2002 de la Convención y de los otros dos protocolos que la complementan: el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de emigrantes por tierra, mar y aire. España fue el primer país de la Unión Europea en ratificar la Convención y estos dos protocolos, en la Conferencia de Palermo.
DECLARACION PARA EL CASO DE GIBRALTAR
Durante las sesiones en las que se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Protocolo de referencia, España intervino para exponer su posición nacional respecto de la interpretación de aplicación del principio de autodeterminación, en el sentido de que, si bien no se opone a la aplicación de dicho principio en los procesos de descolonización, esa aplicación debe ser compatible con el principio de integridad territorial de los Estados.
Ello es especialmente relevante en relación con los supuestos en los que existe una disputa de soberanía sobre el territorio en cuestión, como es el caso de Gibraltar.
Por ello, y dado que el Protocolo se aprueba por una Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que el párrafo cuarto del Preámbulo del propio Protocolo se refiere a la libre determinación de los pueblos, y en consonancia con lo declarado por la delegación española tras la adopción del mismo el 31 de mayo de 2001, en el momento de la adhesión España formulará una aclaración.
"España no se opone a la aplicación del principio de autodeterminación en los procesos de descolonización, pero desea subrayar que la aplicación del principio de autodeterminación debe ser compatible con el principio de integridad territorial de los Estados. Ello es especialmente relevante en relación a los supuestos en los que existe una disputa de soberanía sobre el territorio en cuestión, como es el caso de Gibraltar", dice el texto de la aclaración que introducirá el Gobierno.
2. Esta posición española se apoya en la doctrina establecida por las Naciones Unidas sobre este punto, recogida en las resoluciones 1514, 2353, 2429 y 2625 de la Asamblea General, entre otras."
El Protocolo está enmarcado en una convención internacional amplia contra la delincuencia organizada transnacional. Se trata del primer instrumento de aplicación global en el ámbito de la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
