MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó hoy un Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y se fija su entrada en vigor, tres meses después de su publicación en el BOE.
Según se informó hoy al término del Consejo, este Reglamento acrecienta la seguridad jurídica de los ciudadanos y solventa las lagunas interpretativas hasta ahora existentes, recogiendo además en la norma la jurisprudencia de los tribunales al respecto.
Entre las innovaciones más destacables, la norma incluye en su ámbito de aplicación ficheros y tratamientos de datos no automatizados (en papel) y fija criterios específicos sobre medidas de seguridad de los mismos.
Igualmente regula todo un procedimiento para garantizar que cualquier persona, antes de consentir que sus datos sean recogidos y tratados, pueda tener un pleno conocimiento de la utilización que estos datos vayan a tener.
Aunque la norma no es de aplicación a personas fallecidas, para evitar situaciones dolorosas a sus allegados, se prevé que éstos puedan comunicar al responsable del fichero el fallecimiento y solicitar la cancelación de los datos.
INCREMENTO DE LA SEGURIDAD.
Para incrementar la seguridad de determinados ficheros, como los de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, éstos se reclasifican al nivel medio de seguridad, al igual que aquellos listados que contengan datos de carácter personal sobre características o personalidad de los ciudadanos que permitan deducir su comportamiento.
Igualmente, desde un nivel básico pasan al nivel medio los ficheros de los que son responsables los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas sobre datos de tráfico y de localización. También, desde el nivel básico de seguridad, pasan a un nivel alto todos los datos derivados de la violencia de género
Por otra parte, el Reglamento establece ciertas especialidades para facilitar la implantación de medidas de seguridad, que incidirán sobre todo en el ámbito de las PYMES.
Por ejemplo, según cita el Ministerio, bastará con aplicar las medidas de seguridad de nivel básico, en lugar de las de nivel alto, respecto a datos especialmente protegidos cuando sólo se utilicen para el pago de cuotas a las entidades de las que los titulares de los datos sean miembros.
Lo mismo se permite respecto a los datos referentes exclusivamente al grado de discapacidad o la simple declaración de la condición de discapacidad o invalidez, cuando tengan por única finalidad cumplir una obligación legal. Esto es particularmente aplicable a los datos relativos a la afiliación sindical o respecto a la salud en los ficheros de nóminas.
La tramitación de este proyecto se ha caracterizado por la continua colaboración entre en el Ministerio de Justicia y la Agencia Española de Protección de Datos, llegando a ser comunicado a más de 60 entidades y asociaciones representativas de derechos e intereses afectados y recibiendo observaciones al respecto de 40 de ellas.
Asimismo, se han tenido en cuenta los comentarios y observaciones de las Autoridades Autonómicas de protección de datos que existen en la actualidad (Madrid, Cataluña y País Vasco), así como las cuestiones referentes a la Ley Orgánica.
