Consejo.- El Gobierno modifica el Servicio Jurídico del Estado para mejorar la asistencia a las instituciones públicas

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobó hoy, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y de la ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, un real decreto por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado al objeto de prestar "una atención eficiente e inmediata a las demandas que plantean la asistencia jurídica al Estado y demás instituciones públicas", informó el Ejecutivo.

El reglamento prevé que los abogados del Estado se organicen por materias jurídicas, favoreciendo de este modo la continuidad en la actuación del proceso, el contacto con el organismo representado y defendido, y la mayor integración entre la función contenciosa y consultiva.

Para ello, a partir de ahora el servicio jurídico se organizará por departamentos. Éstos se configuran como un instrumento que, según las citadas fuentes, "permitirá flexibilizar la asignación de recursos humanos y operará paralelamente en las subdirecciones y demás unidades previstas en el reglamento, lo que supone una mera reordenación de efectivos a través de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), sin incremento alguno de gasto".

CAMBIO DE NOMINACIONES

Asimismo, se introducen diversas adaptaciones en la estructura de la propia Abogacía General del Estado sin incremento de gasto. En primer lugar, entre las que se encuentran la unión de la representación de este organismo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y ante el Constitucional, al objeto de conformar la Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos. Este órgano tendría la misión de reforzar la unidad de actuación en los debates en materia de derecho constitucional y derechos humanos en los foros internos e internacionales.

La preexistente Subdirección de Asistencia Jurídica Comunitaria e Internacional también pasará a denominarse Subdirección General de Asuntos de la Unión Europea e Internacionales, adaptando sus funciones y estructura a las necesidades derivadas de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

Se refuerzan también las funciones de la Auditoría e Inspección de los Servicios, configurando la Subdirección General de Coordinación y Auditoría. Por razones de coherencia, las funciones de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia pasarán a depender de la Subdirección, que se denominará Gabinete de Estudios.