LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un trabajo conjunto de colaboración entre La Rioja y Oporto, que puede suponer, en palabras del fiscal jefe riojano, Juan Calparsoro, un "ejemplo" de cooperación europea, fue el que permitió, el pasado 28 de marzo, desmantelar una red que, presuntamente, llegó a explotar laboralmente a 3.000 trabajadores.
Calparsoro ofreció hoy una rueda de prensa en la que desgranó los detalles de la operación, conocida como 'Libertad', desarrollada, en los dos últimos años, por las Fiscalías de La Rioja y Oporto, la Guardia Civil de La Rioja y la Policía Judiciaria de Oporto.
A su lado, comparecieron el magistrado de España en Eurojust (cooperante en la acción), Juan Antonio García; el fiscal jefe de Oporto, Antonio Almeida, el delegado del Gobierno en La Rioja, Jose Antonio Ulecia, el coordinador de la Policía Judiciaria de Oporto, José Monteiro, y el coronel jefe de la X Zona de la Guardia Civil, Francisco Arribas.
El fiscal jefe riojano detalló que la investigación nació después de que la Fiscalía de Oporto emitiera 31 órdenes de entrega, que ejecutaría la Audiencia Nacional. Se trataba de personas pertenecientes a una red portuguesa que se movía en clanes familiares.
Sobre estas personas está pendiente la acusación de los delitos de secuestro, esclavitud y blanqueo de capital. Arribas explicó que, presuntamente, se dedicaban a captar personas en barrios marginales de Portugal. Eran personas con bajas condiciones económicas, incluso, en algunos casos, con dependencias al alcohol y las drogas y las 'contrataban' para desarrollar labores agrícolas.
Según la acusación que pende sobre ellos, hacían vivir a los trabajadores en furgonetas, les retenían las cuentas bancarias, y les explotaban casi exclusivamente a cambio de comida y alojamiento.
Dentro de la operación, se efectuaron registros en Ábalos, Tricio, Huércanos y Murillo de Leza (La Rioja), Árguedas y Valtierra (Navarra), La Almunia y Remolinos (Zaragoza) y Lanciego (Álava). Se detuvo a diecinueve personas en España y nueve en Portugal.
De los primeros, seis han aceptado la entrega a Portugal, país que, a partir de ahora, se encargará de todos los trámites. El resto están pendientes de la decisión de la Audiencia Nacional.
MODUS OPERANDI
Según informó la Guardia Civil riojana, presuntamente, la organización distribuía a los trabajadores en grupos de diez y veinte personas y los desplazaban a diversas poblaciones españolas a bordo de uno o dos vehículos, alojándolos en barracones y casas cuyo estado de habitabilidad era deplorable.
Siguiendo esta información, a los trabajadores se les proporcionaba comida y, en ocasiones, se les facilitaba servicios de prostitución y drogas a cuenta de sus sueldos.
Los empresarios ingresaban los honorarios en las cuentas de los empleados y la organización, valiéndose de engaños, retenían las cartillas y los números secretos de las mismas, para acceder posteriormente a su dinero, en algunos casos bajo coacciones y amenazas.
Los explotadores, indica la Guardia Civil engañaban a los trabajadores con el pretexto de prestarles ayuda en la tramitación de las aperturas de las cuentas corrientes, por lo que accedían a sus números secretos y posteriormente pagaban a los trabajadores una cantidad muy inferior a la realmente ingresada por los empresarios.
En la operación se intervino "gran" cantidad de material, producto de los abusos, como cartillas bancarias, agendas, ordenadores, tres pistolas, un televisor de plasma de grandes dimensiones a nombre de uno de los trabajadores. También, depósitos en diferentes entidades bancarias de Portugal, por un valor de 530.000 euros.
