TOLEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron hoy, por unanimidad, una declaración institucional en la que se insta a todos los municipios de la Comunidad Autónoma, a través de la Federación de Municipios y Provincias de la región, a dedicar el nombre de calles o espacios públicos a las víctimas del terrorismo y a celebrar junto con toda la sociedad civil un acto público de reconocimiento.
El presidente del Parlamento autonómico, Francisco Pardo, fue el encargado de dar lectura a este documento, con el que empezó el último pleno ordinario de este periodo de sesiones, en el que las Cortes expresan, además, su solidaridad a todas las víctimas del terrorismo y el reconocimiento a su ejemplo en defensa de la libertad y la democracia.
La declaración institucional recuerda que, cuando se han cumplido 40 años desde que la banda terrorista ETA reivindicara su primera acción mortal --con el asesinato del guardia civil José Ángel Pardines--, ETA ha cometido múltiples atentados que han costado la vida a cerca de 900 personas de toda procedencia, ante las que hoy sigue patente "una de las mayores manifestaciones de indignidad" como es el ver el nombre de sus verdugos en calles y plazas del País Vasco y Navarra.
El texto considera que, a pesar del sufrimiento de la sociedad, hoy en día queda pendiente un reconocimiento claro y explícito a todos estos ciudadanos que dieron su vida en defensa de la libertad y la democracia, y por eso realizan esta petición a los municipios de Castilla-La Mancha, atendiendo a las reclamaciones de muchas asociaciones cívicas que reclaman que esos nombres sean retirados porque manchan la dignidad de las víctimas.
"La sociedad de Castilla-La Mancha y toda la sociedad española deben memoria, dignidad y justicia a todas las víctimas del terrorismo: de ETA, del GRAPO, de Terra Lliure, del 11-M y de la Yihad radical islámica. Víctimas que son de todas las ideologías, de todos los lugares de España, de toda condición social, profesional, económica o cultural, sin distinción de sexo ni de edad, víctimas que han visto vulnerado su derecho fundamental a la vida o a su integridad personal por quienes han pretendido la imposición totalitaria de un pensamiento único", recoge el texto.
En él se declara que la libertad y la dignidad humana son valores que han de estar presentes en la acción política y ser defendidos con firme determinación por los representantes del pueblo elegidos democráticamente, y se reconoce que la acción de la justicia, la persecución policial, el impulso de la ley y del Estado de Derecho, así como la unidad de los demócratas, son necesarios para derrotar al terrorismo.
Finalmente, se justifica la necesidad de reforzar la lucha de toda la sociedad con el reconocimiento a las víctimas "por defender la libertad, por no guardar silencio ante las amenazas sufridas, por defender España y su marco de convivencia, convirtiéndose en un referente ético para todos nosotros".
