Cree "decepcionante" que los asuntos que afectan a los derechos de las víctimas del terrorismo "se aborden como una moneda de cambio"
SAN SEBASTIÁN, 10 May. (EUROPA PRESS) -
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha advertido de que "vigilará rigurosamente" la gestión que se realice desde el Gobierno Vasco de la competencia de prisiones una vez el Ejecutivo autonómico tenga potestad sobre ella a partir del próximo mes de octubre, con el objetivo de comprobar que "se cumpla la ley con los presos de ETA que cumplen condena en cárceles vascas".
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ante la firma del traspaso de esta competencia que se ha producido este lunes entre los gobiernos vasco y central, ha mostrado su reticencia ante la administración que pueda hacer el Ejecutivo vasco de las condenas de los presos de ETA.
Tras remarcar que los nacionalistas "nunca han querido ser carceleros y gestionar la competencia de prisiones mientras ETA mataba, y empezaron a reclamar esta competencia cuando dejó de matar", ha insistido en que vigilarán "muy de cerca que no se abran las puertas de las cárceles cuando no toque".
Además, Covite ha solicitado este lunes, a través de una misiva, una reunión con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, "para acordar un protocolo de comunicación directo con la Consejería y que se nos informe de las decisiones que se tomen respecto a los presos de ETA con total transparencia, de igual manera que se tiene con el Ministerio del Interior y se nos informa de todos los traslados y progresiones de grado que se llevan a cabo desde Instituciones Penitenciarias".
"En Covite conocemos muy bien el derecho que tenemos reconocido a la participación en la ejecución penitenciaria, en conformidad con la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito (art.13) y lo vamos a ejercer", ha subrayado Ordóñez.
No obstante, desde el Colectivo han trasladado un mensaje de "tranquilidad" porque, según han destacado, "somos conscientes de que los presos de ETA que cumplen condena en cárceles vascas son una minoría, concretamente 31 por política penitenciaria, por razones humanitarias o porque han renegado de ETA y mostrado rechazo a su pasado criminal". "Los etarras que están más radicalizados y que siguen orgullosos de sus crímenes no están cumpliendo condena en cárceles vascas", ha añadido.
No obstante, "dada la experiencia que ya sufrimos con el Gobierno central y vasco en el caso Bolinaga", Covite ha incidido en que "seguirá muy de cerca el modelo penitenciario que aplique el Gobierno vasco con respecto a los presos de ETA", ya que desde la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales "se ha declarado en multitud de ocasiones en los últimos meses que ese modelo consistirá en priorizar la reeducación, la resocialización y la reinserción", enfocándose el modelo penitenciario "desde una mirada más restaurativa que ayude a las personas que cumplen condena a que lo puedan hacer de otra manera".
"TRAMPAS E IMPUNIDAD"
Así, ha advertido de que estarán pendientes de que "todo esto no signifique buscar trampas y nuevas vías para ayudar a los etarras encarcelados a salir cuanto antes, es decir, la impunidad".
Consuelo Ordóñez ha lamentado que "los sucesivos gobiernos de este país siempre terminen cediendo a las presiones y peticiones de los nacionalistas vascos para lograr su apoyo y que, para contentarlos, hayan transferido una competencia tan sensible para las víctimas del terrorismo como es la de prisiones, que tanta inquietud e intranquilidad nos genera".
Covite ha recordado que "el Gobierno de Mariano Rajoy ya había prometido al PNV la transferencia de prisiones a cambio de su apoyo para los Presupuestos Generales del Estado". "Gracias a la moción de censura y al cambio de Gobierno hemos ganado dos años de tiempo para que esta competencia termine en manos del Gobierno vasco, pero era evidente que tarde o temprano iba a ceder ante los nacionalistas", ha afirmado.
El colectivo, finalmente, ha calificado de "decepcionante" que los asuntos que afectan a los derechos de las víctimas del terrorismo "se aborden como una moneda de cambio en las negociaciones políticas de nuestro país".
