Sólo la Comunidad Valenciana se queja en la reunión de que no se haya cerrado la financiación autonómica, que será debatida en julio
MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
Todas las comunidades del PP y las ciudades de Ceuta y Melilla votaron hoy en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de modificar la ley de estabilidad presupuestaria para permitir a los gobiernos autonómicos incurrir en un déficit de hasta un 2,5 por ciento del PIB regional en 2010, mientras que las socialistas votaron a favor pese a que hubiesen preferido que el margen de endeudamiento alcanzase el 3 por ciento.
Así se pronunciaron los consejeros de Economía de las comunidades autónomas al término de la reunión con la ministra de Economía, Elena Salgado, en la que se acordó un techo máximo de déficit medio punto por encima de lo fijado en el último objetivo de Estabilidad Presupuestaria que presentó el Gobierno la semana pasada. Las comunidades del PP creen que la deuda pública prolongará la crisis, mientras que las socialistas argumentaron que es la única manera de mantener en estos momentos el Estado del Bienestar.
Según el consejero valenciano, Gerardo Camps, "probablemente esta sea la medida para que la contracción dure más tiempo" y además argumentó que en la situación en la que se encuentran los mercados financieros puede ser difícil que atiendan esta demanda de endeudamiento. "Eso traerá consigo que el endeudamiento sea cada vez más caro y lo que es peor, si los clientes de las entidades financieras acabamos siendo las administraciones públicas, ¿qué liquidez quedará en los mercados para empresas y familias?", señaló.
El vicepresidente económico del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, rechazó que las comunidades den la impresión de que tienen "vía libre para gastar" en un momento en el que el llamamiento general va en sentido contrario, en el de "apretarse el cinturón". En su opinión, con este acuerdo "se envía al sistema una señal equívoca de que las comunidades van a seguir endeudándose indefinidamente".
En esta línea, la consejera gallega, Marta Fernández, tachó de "contraproducente" esta medida para salir de la crisis, puesto que, a su entender, el aumentar el endeudamiento "traslada el problema hacia adelante". Sin embargo, no aseguró que en los presupuestos del próximo año la comunidad no vaya a incurrir en un déficit del 2,5 por ciento. "Primero tenemos que hacer el presupuesto de 2010 y luego veremos cómo lo cerramos", respondió.
Por su parte, la consejera murciana, Inmaculada García, explicó el voto en contra del PP "sobre la base de que faltan datos" y, muy especialmente, una previsión sobre cuáles serán los ingresos públicos en el próximo año, teniendo en cuenta que las comunidades están pendientes de que se cierre el nuevo modelo de financiación autonómica.
También por el PP, la responsable de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, no censuró tanto la cifra concreta de déficit, sino que se haya acordado sin conocer cuáles serán los ingresos de las comunidades el año que viene.
LOS SOCIALISTAS Y EL 3 POR CIENTO
La consejera andaluza, Carmen Martínez Aguayo, explicó que su Gobierno hubiese preferido un déficit más próximo al 3 por ciento y que intentarán acercarse a esta cifra cuando se fije la deuda individual de cada comunidad. En cualquier caso, agradeció la flexibilidad del Ejecutivo para ampliar el 2 por ciento que había propuesto anteriormente.
En una línea similar se expresó el consejero extremeño de Hacienda, Ángel Franco. A su juicio, "ahora más que nunca es necesaria la intervención de lo público para actuar de forma anticíclica". "Es el momento de un mayor esfuerzo por la vía de la deuda para mantener el estado del bienestar que tanto nos ha costado construir, aunque no es la única solución", subrayó. Franco censuró que las comunidades 'populares' hayan defendido hoy justo lo contrario. "Bajar impuestos, no deuda, y reducir el gasto, es la receta de los que creen en el mercado a ultranza para resolver los problemas que ha provocado el mercado", señaló.
En cuanto al consejero del ramo de Aragón, Alberto Larraz, explicó que al igual que las Comunidades autónomas han aprovechado los momentos de bonanza económica para reducir el déficit deben ahora, en plena crisis, recurrir a él para equilibrar sus cuentas y "la atonía del sector privado", aunque siempre con el objetivo "a medio plazo", aclaró, de "volver a la senda del equilibrio presupuestario".
Por su parte, la consejera de Castilla-La Mancha, María Luisa Araujo, recordó el compromiso de su Gobierno para no reducir la calidad de los servicios públicos esenciales y defendió que las comunidades tengan "cierto margen presupuestario" para "minimizar" los efectos de la crisis en la región. Criticó además la postura de las comunidades 'populares' y aprovechó para recordar que son precisamente éstas las que "acumulan mayor volumen de endeudamiento".
LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.
El valenciano Gerardo Camps fue el único consejero que hoy planteó el asunto de la reforma de la financiación autonómica y fue en el turno de ruegos y preguntas. Según explicó él mismo, intervino para censurar que se plantee un objetivo de déficit sin conocer la previsión de ingresos de las comunidades. "El Gobierno ha dicho que no. Ha retrasado el debate a julio para no tener que debatir a la vez el objetivo de estabilidad y el modelo de financiación", interpretó el consejero.
También explicó que la vicepresidenta Elena Salgado sostuvo que las comunidades que no estén de acuerdo con la reforma del sistema podrán no acogerse a la misma, pero que la reforma en cualquier caso se hará. "No hay derecho de veto", aseguró Camps.
Camps denunció también que al menos la Comunidad Valenciana no ha vuelto a mantener ningún contacto sobre la reforma de la financiación desde antes de las lecciones autonómicas vascas y gallegas. "No sabemos más", criticó, preguntándose si la única forma de que las autonomías consigan más dinero es reuniéndose directamente con Zapatero, en referencia a los últimos encuentros entre el jefe del Ejecutivo y los presidentes Montilla y Griñán.
El resto de los consejeros no platearon este asunto en la reunión y se emplazaron al debate que deberá producirse en un futuro Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuya fecha, según explicaron varios de ellos, no fue fijada hoy por la ministra, que se remitió al 15 de julio como plazo máximo apuntado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
