Currin no ve lejos que ETA deje definitivamente la violencia

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MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El abogado sudafricano Brian Currin afirma, en un artículo publicado en Le Monde Diplomatique, que el Grupo Internacional de Contacto (GIC), se creó para "impedir" que, en caso de que ETA desaparezca, el Gobierno español deje en "punto muerto" las demandas políticas que, según él, sustentan el "conflicto vasco". Asegura que la mayoría de los partidos en Euskadi, incluido el PSE, apoyan su misión y anuncia que el GIC está en vías de ponerse en contacto con las partes interesadas porque no ve lejos el abandono definitivo de la violencia por parte de ETA.

Brian Currin realiza, en este extenso artículo, recogido por Europa Press, una defensa de la actuación y del papel que debe tener el Grupo Internacional de Contacto --creado por él y en el que hay numerosos mediadores en conflictos internacionales--, en la consecución de la paz en el País Vasco.

Para ello, y a pesar de hacer una introducción en la que asume las demandas políticas de la izquierda abertzale --una negociación del conflicto político--, asegura que el Grupo Internacional de Contacto (CIG) son un grupo de personas "imparciales" que sólo buscan la paz y la normalización política. Por ello, dice estar sorprendido por la "hostilidad" de los constitucionalistas hacia ellos, a los que acusa de "temer" una democracia global en Euskadi.

Cree que uno de los desafíos para el CIG es "disipar esos temores" y afirma que la experiencia demuestra que terceros árbitros, "sobre todo cuando son tan respetados", pueden ayudar a poner fin a los "comportamientos desviados de las otras dos partes". Este afán por igualar los comportamientos de las partes se refleja también en otro momento del artículo en el que pone en el mismo plano la violencia de ETA y la del Estado.

En la defensa que hace del GIC, Currin arroga, en parte, a este Grupo, el mérito de que Sortu aceptara satisfacer las exigencias de la legalización con todo lo que ello implicaba.

En este sentido, afirma que la "dirección de Batasuna" comprendió "perfectamente" que era más "prudente y razonable" la opción de la legalización y recuerda que en enero de este año la izquierda nacionalista creó Sortu, una organización de la que destaca que "se comprometió a no emplear más que medios pacíficos para lograr sus fines políticos" y garantizó que "condenaría" los actos violentos que se cometieran en el futuro, en particular por ETA.

En su artículo afirma que "llevar a Sortu a que aceptara satisfacer las exigencias de la legalización, con todo lo que eso implicaba, es algo que se hizo con apoyo estratégico y aliento", y añade que "una parte importante de este apoyo provino del compromiso internacional a favor del proceso de paz en el País Vasco, después de la desaparición de ETA".

SE REFIERE A ETA COMO "ORGANIZACIÓN CLANDESTINA"

En este sentido, deja claro que el Grupo Internacional de Contacto se ha creado para "impedir" que el Gobierno español deje en "punto muerto" las reivindicaciones políticas de la izquierda abertzale en caso de que desapareciera ETA.

Así, el abogado sudafricano señala que aunque ETA, a la que llama "organización clandestina", renunciara definitivamente a la violencia y dejara las armas "puede temerse que el Gobierno español entre en un punto muerto sobre los aspectos políticos del conflicto, para proclamar su victoria en la lucha contra el terrorismo".

Sin embargo, advierte que la "constitución del GIC está dirigida, en parte, a impedirlo". Su mandato, dice, negociado en 2010 con los partícipes principales, es "acelerar, facilitar y favorecer la normalización en el País Vasco".

Brian Currin recuerda que en la Declaración de Bruselas, firmada por cinco premios Nobel de la Paz, se acordó que el GIC iniciara sus trabajos en el momento en el que ETA anunciara un alto el fuego "unilateral, permanente y verificable". Explica que se estableció un mandato específico en el que, entre otras acciones, se incluían las dirigidas a permitir la legalización de Sortu, superar las medidas especiales de restricción a la libertad de acción política, adaptar la política penitenciaria al nuevo contexto y asistir a las partes para favorecer el diálogo político a varias bandas, sin condiciones y bajo los principios de Mitchell.

Además, asegura que, en caso de llegar a un "punto muerto", tendrán que "asumir el papel de mediador si las partes lo solicitan y de manera general llevar a la población a creer en la posibilidad de llegar a un fin en el proceso de paz".

Según Currin, esta misión está apoyada por la "mayoría" de los partidos vascos "incluyendo al PSE, por los tres principales sindicatos --ELA, CCOO y LAB-- y por las asociaciones de empresarios.

En este contexto, asegura que la "condición principal" para la "normalización política" es el compromiso, "sin equívocos", de todos los partidos de "recurrir exclusivamente y de manera irreversible a medios pacíficos y democráticos". Para Currin, hay "buenas razones" para pensar que este objetivo "no está lejos de convertirse en realidad" al igual que "el abandono definitivo de la violencia por parte de ETA".

SORTU SE HA IMPUESTO Y SE HA ALIADO CON OTROS PARTIDOS

Para apoyar esta última afirmación, alega que la "organización clandestina", es decir, ETA, "no tiene otra opción que seguir a Sortu" porque sus propios simpatizantes se han expresado a favor del nuevo proyecto político y ha visco cómo "Sortu se imponía" y "se aliaba con otros partidos nacionalistas que hasta ese momento habían rechazado a Batasuna".

También arroga a los firmantes de la Declaración de Bruselas parte del mérito de que ETA anunciara un cese del fuego de manera "unilateral". "El cese del fuego anunciado es unilateral y responde al llamamiento de hombres de paz de envergadura internacional", asevera para precisar que no es "condicional ni está negociado con el Gobierno español".

Currin asegura que ETA sabe que si rompe el alto el fuego será "condenada por Sortu" y precisa que la banda también sabe que "un cese del fuego verificable se traducirá, al fin y al cabo, en un desarme".

CONTACTARA CON LAS PARTES PARA VERIFICAR EL CESE DE ETA

En este punto, afirma que el GIC dispone de una "prueba sólida" del "cambio operado por ETA". Se trata, según dice, de la suspensión del cobro del llamado "impuesto revolucionario" y alega que el GIC hizo su "propio trabajo de verificación" y "confirmó públicamente" que esta dimensión del cese del fuego era respetada.

Ahora, explica que la primera prioridad del GIC es "controlar que ETA respete todos los demás elementos del cese del fuego y cree que para "ser eficaz y creíble" exige de la "cooperación del Estado". Por lo que anuncia que el GIC está "en vías de ponerse en contacto con las partes interesadas y de consultar a expertos, con la esperanza de lograr el objetivo buscado".

Pero cree que para lograr "liberar a Europa" de su "último conflicto político violento" es necesario que el Gobierno español "acepte reconocer que, efectivamente hay un conflicto político distinto de la violencia etarra".