La resolución aprobada en el Parlamento catalán exige la reparación como paso previo a la nulidad
BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los grupos de PP y C's en el Parlamento catalán rechazaron hoy la propuesta de resolución del Govern que pide la reparación "moral, jurídica y política" del "honor" del ex presidente de la Generalitat republicana Lluís Companys --fusilado por el régimen franquista--, como paso previo a la petición de anulación del proceso condenatorio.
La resolución recibió el apoyo de los socios del Govern y CiU, que, de esta forma, instan al Ejecutivo catalán a hacer "lo que sea jurídicamente y políticamente necesario" para exigir la "reparación del honor" de Companys.
El texto avala los pasos apuntados por el conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura (ICV-EUiA), quien anunció este domingo que iba a viajar a Madrid con familiares del ex presidente para reclamar al Ministerio de Justicia un documento de reparación como paso previo a la petición de anulación.
ERC QUIERE IR MÁS ALLÁ
En cambio, ERC --que rechazó la Ley de la Memoria Histórica, entre otras cosas porque no contemplaba la anulación automática del proceso a Companys-- consideró insuficiente la declaración de reparación promovida por Saura, y el vicepresidente del Govern, el republicano Josep Lluís Carod-Rovira, exigió el lunes al Gobierno la anulación directa y "sin dilaciones" del proceso contra Companys.
La resolución consta de dos puntos. Uno insta al Govern a hacer lo "necesario" para reparar el honor de Companys, y otro insta a hacer "todas las actuaciones jurídicas y políticas pertinentes para la anulación de un juicio que nunca se debería haber hecho, y teniendo en cuenta la condición de ilegitimidad de los tribunales franquistas contenida en la ley estatal de la Memoria Histórica".
Con esta resolución, el Parlamento catalán considera una "farsa" el proceso a Companys, "con la violación de los derechos fundamentales y de las garantías de todo tipo".
Tilda de "injusta" la sentencia condenatoria, una "prueba de la voluntad de venganza" del régimen franquista contra el presidente Companys, quien "simbolizaba la resistencia de un pueblo y la voluntad de pervivencia nacional". Pero el texto evita tildar de ilegal la condena.
La resolución considera el de Companys un "caso emblemático" de la represión franquista que "sufrieron miles de personas que murieron ante los comandos de fusilamiento, que sufrieron tortura y maltratos y que vieron conculcados sus derechos en procesos sin legitimidad ni garantías, llenos de irregularidades".
