La Izquierda Plural plantea en sus resoluciones censurar los 14 meses de gestión del Gobierno y de Rajoy

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) quiere que el Congreso de los Diputados censure al Gobierno del PP y a su presidente, de Mariano Rajoy, por conseguir que el país esté en peores condiciones que cuando llegaron al poder hace ahora 14 meses.

Así lo ha recogido el grupo parlamentario que capitanea Cayo Lara en una de sus quince propuestas resolución subsiguientes al Debate sobre el estado de la Nación que han registrado este viernes en el Congreso y que se debatirán y votarán el próximo martes.

En concreto, según ha recalcado en rueda de prensa el portavoz parlamentario de la Izquierda Plural, José Luis Centella, con su texto lo que buscan no es reprobar a Rajoy y a su Ejecutivo, sino "desaprobar" su gestión durante el periodo analizado en el debate de política general.

Y es que, según sus palabras, el presidente del Gobierno no sólo llegó a dicha cita parlamentaria "sin los deberes hechos", sino que, además, se jactó de no haber cumplido con sus compromisos electorales por tener que cumplir con su "deber".

Pero, además, en sus propuestas de resolución la Izquierda Plural también da cuenta de las principales medidas que han venido defendiendo, antes incluso de la eclosión del 'caso Bárcenas', para regenerar la democracia y luchar contra la corrupción.

RAJOY DEBE COGER EL TORO POR LOS CUERNOS

Una lacra sobre la que Centella ha pedido a Rajoy que coja ya "el toro por los cuernos" y acepte la apertura de una comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos políticos y que, en paralelo y en el plazo de tres meses, se apruebe un plan integral de lucha contra este tipo de prácticas.

Pero, además, en su texto también se pide reforzar los instrumentos de participación ciudadana a través de la regulación de las distintas modalidades de referéndum, incluir a la Casa del Rey y el registro y control de los 'lobbies' en la futura Ley de Transparencia y reformar la Ley Electoral para que asegurar la proporcionalidad entre sufragios y escaños.

En esta misma línea, IU, ICV y CHA abogan por regular las campañas electorales para garantizar la igualdad de todos los partidos, así como limitar y controlar el gasto en las mismas, y por reformar la financiación de las formaciones y sus mecanismos de control de la misma a través del Tribunal de Cuentas.

Además, proponen prohibir los indultos a personas implicadas en delitos de corrupción, una control interno y externo de la contratación pública, incrementar el régimen de incompatibilidades de cargos y ex cargos públicos, acometer la separación total de la Iglesia y el Estado y, en materia de Memoria Histórica, hacer lo posible para declarar nulas las sentencias dictadas por los tribunales franquistas, entre otras cuestiones.

CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS PROTESTAS

Ésta es una de las propuestas 'estrella' de la Izquierda Plural, pero también han planteado una moción contra la criminalización de las movilizaciones ciudadanas para que se destruyan los ficheros de participantes en las protestas y se garantice la identificación de las Fuerzas de Seguridad.

Pero también han puesto de relieve en otro de sus textos la necesidad de autorizar la convocatoria de consultas populares por la vía de referéndum y el respeto del derecho a decidir. En este sentido, instan al Gobierno a negociar con las fuerzas políticas de Cataluña la celebración de un referéndum que permitan conocer la voluntad de su ciudadanía sobre su futuro político.

IU-ICV-CHA también pone encima de la mesa su contrarreforma a la reforma de la administración local planteada por el Gobierno pidiendo una Ley de Financiación Local y la supresión de las diputaciones provinciales. Además, sugiere iniciar un proceso de revisión del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas para corregir los "desequilibrios" existentes.

Asimismo, plantea una resolución en favor de la igualdad de género y de derechos de las mujeres, otra de refuerzo de la educación y de la universidad públicas y en contra de la subida del IVA cultural y una tercera en pro del cierre total de las nucleares para 2020.

La Izquierda Plural ha registrado igualmente una moción en defensa de los derechos sociales y, en concreto, plantea un Plan Nacional contra la Pobreza Infantil, y la derogación del modelo universal del Sistema Nacional de Salud, del euro por receta y de las tasas judiciales, entre otras medidas. También hace suyas las reivindicaciones recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago que el Congreso admitió a trámite la semana pasada.

PLENOS MONOGRÁFICOS SOBRE EMPLEO Y PENSIONES

En materia económica, la Izquierda Plural pide un cambio a nivel europeo para planificar un modelo productivo común que pueda ser financiado por el Banco Central Europeo (BCE) y por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como crear líneas específicas en las entidades financieras nacionalizadas --que deberían mantener su carácter público en el futuro-- para promover una nueva estructura productiva basada en sectores de alto valor añadido y tecnológicos, destinando asimismo más recursos al I+D+i.

También exigen un impulso a la política industrial, planes de reindustrialización para zonas deprimidas y un Plan del Carbón que defienda este sector. En materia fiscal, proponen auditar la deuda pública, reformar el sistema tributario para hacerlo más progresivo y garantizar su suficiencia, intensificar la lucha contra el fraude y mejorar el control del gasto público reforzando las auditorías y reformando el Tribunal de Cuentas.

En materia de empleo, IU-ICV pide un plan de choque de formación-empleo, además de un pleno monográfico en el Congreso para debatir sobre la reforma laboral, si bien no pide explícitamente la derogación de esta norma como sí han hecho en otras ocasiones. Asimismo, proponen una sesión específica sobre la nueva reforma del sistema de pensiones en la que trabaja el Gobierno. Por último, una de las resoluciones se refiere explícitamente al sector del transporte, instando al Gobierno a resolver el conflicto en Iberia, redefinir el plan de racionalización de servicios ferroviarios y desbloquear el Convenio de Puertos.