MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La defensa de Alexander Gofshtein, uno de los implicados en la 'Operación Avispa' contra la mafia rusa y ex abogado del presunto líder Zakhar Kalashov, pidió hoy a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que no admita como prueba en el juicio las conversaciones mantenidas entre Gofsthein y Kalashov mientras éste último se encontraba en prisión, ya que fueron "irregularmente intervenidas".
El letrado, Joaquín Burkhalter, subrayó, en declaraciones a Europa Press, que las conversaciones entre ambos se enmarcaron en "una relación abogado cliente" y recordó que el artículo 51 de la ley general penitenciara "dice claramente que sólo se podrán intervenir conversaciones de abogados con sus clientes en casos de terrorismo". "Y no es este caso", remachó.
El abogado advirtió a la Sala de que "lo que ellos resuelvan puede constituir un precedente relevante y muy interesante", dado que este caso "se produce antes de la 'Gürtel'", donde también varios abogados denunciaron la ilegalidad de las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón. El Colegio de Abogados de Madrid anunció que se querellaría contra el magistrado si no se abre ningún procedimiento a instancias de la Fiscalía.
Kalashov, al que la Fiscalía considera un 'ladrón en ley' de la mafia rusa, se encuentra en una prisión española desde junio de 2006, después de que fuera extraditado desde Dubai, donde fue detenido un mes antes, en respuesta a la orden de detención que en su contra había dictado el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
El presunto cerebro de la organización, que supuestamente blanqueó en España "importantes cantidades de dinero" procedentes de sus actividades delictivas desarrolladas en el exterior, fue arrestado un año después de que tuviera lugar la primera fase de la denominada 'Operación Avispa', que se saldó con 28 detenidos.
Tras el arresto de Kalashov, Gofshtein se trasladó a España y se encargó de su defensa, hasta que fue detenido en la segunda fase de la operación, junto a otras ocho personas, en noviembre de 2006. Ahora, se sienta en el banquillo junto a el presunto jefe de la trama.
EL "ESPERPENTO" CON EL TESTIGO VIOQUE
Durante la sesión de hoy, el abogado de Kalashov, Javier Gómez de Liaño, también denunció "el esperpento" que se ha producido en el proceso en relación al testigo protegido 'Tepro I', y al que se ha identificado como el narcotraficante Pablo Vioque, que falleció el pasado diciembre. Gómez de Liaño se encargó de su defensa cuando se encontraba enfermo terminal.
Según la documentación que obra en la causa contra Kalashov, Vioque confesó a la Policía que mantuvo contactos, mediante un intermediario, con el 'ladrón en ley', quien le pidió ayuda para blanquear una importante cantidad de dinero.
Sin embargo, Gómez de Liaño aseguró hoy --"dispensado del secreto profesional por la familia"-- que el fallecido le confesó, mientras se encontraba ingresado en un hospital, "cómo en la prisión le habían ido a ver funcionarios de Policía ofreciéndole, a cambio de que delatase a ciertas personas que la Policía estaba intentando detener y proceder contra ellas, facilitarle la libertad y protegerle parte del patrimonio obtenido con sus delitos".
En declaraciones a Europa Press, el letrado explicó que este testigo "se llevó al proceso después de tres años de instrucción, simplemente para contar mentiras". Gómez de Liaño, encargado de la defensa de Kalashov junto a la abogada María Dolores Márquez de Prado, criticó "duramente al Ministerio Fiscal por haberse prestado a este juego al que le ha llevado a la Policía".
Para Gómez de Liaño, es "el colmo del esperpento" que el fiscal se haya prestado a "poner como testigo protegido a un hombre con los antecedentes penales de Pablo Vioque, entre los que figura el intento de asesinato de un compañero de la carrera judicial, el fiscal Javier Zaragoza.
El juicio contra Kalashov y otros 11 presuntos miembros de la mafia rusa continuará mañana en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares y está previsto que los interrogatorios a los acusados comiencen el día 10. La organización está acusada de blanquear "importantes cantidades de dinero" en España que se obtenían del tráfico de drogas y armas, asesinatos por encargo, extorsión, contrabando y el control de los principales casinos de la Federación Rusa.