MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El abogado Josep Riba, que defiende al exconsejero de Justicia Carles Mundó en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo, ha rechazado este martes durante la exposición de su informe de conclusiones definitivas que pueda imputarse a su cliente desobediencia o malversación por el hecho de que firmara junto al resto de miembros del Govern de Carles Puigdemont el decreto de 6 de septiembre de 2017 en el que todos asumían solidariamente el gasto necesario para realizar el referéndum del 1-O.
Riba ha sido el último abogado en intervenir en la primera de las sesiones destinada a los informes de las defensas pese a que lo previsto era que su turno hubiera sido utilizado por la letrada Marina Roig, defensora del presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart, que ha alegado encontrarse indispuesta y depondrá finalmente mañana miércoles.
El letrado, que defiende a uno de los tres encausados en libertad condicional, ha indicado que a su cliente, que nunca ha sido diputado del Parlament de Cataluña, únicamente le afectaba uno de los requerimientos del Tribunal Constitucional, el relativo a la suspensión de la convocatoria del referéndum que se dictó el 7 de septiembre de 2017. Como el decreto de asunción del gasto tenía fecha del día anterior, el abogado defiende que Mundó no desobedeció al tribunal de garantías.
Así, Riba ha manifestado que si la Fiscalía no ha concretado qué acto realizó su cliente en el ámbito de sus competencias como consejero para desobedecer al TC será porque dicho acto "no existe", puesto que el referéndum se celebró "sobre todo a través de la participación ciudadana". Tampoco desobedeció con la puesta a disposición de locales de votación porque ninguno de los más de 2.000 utilizados ese día dependían de la consejería de Justicia.
NO HUBO GASTO EN PARTIDAS DE JUSTICIA
La mayor parte de su hora de alegato Riba la ha utilizado para rechazar el delito de malversación atribuido a su cliente, por el que se le piden los 7 años de cárcel -la desobediencia únicamente conlleva multa e inhabilitación-.
Así, ha hablado de partidas que han sido referidas como indicios durante el juicio y en las que efectivamente hubo gasto público, pero que no está vinculadas al referéndum. Otros gastos imputados al exGovern no supusieron finalmente la prestación de ningún servicio, por lo que no puede hablarse tampoco de afectación al erario público.
En este punto el abogado de Mundó ha vuelto a referirse al acuerdo de asunción solidaria de gasto del 6 de septiembre, del que ha dicho que nunca llegó a ejecutarse. Ha incidido en que Mundó no realizó ningún gasto en cumplimiento de dicho acuerdo, por lo que tampoco puede se le puede imputar delito al respecto.
El contenido del acuerdo era "de una relevancia política simbólica", según el letrado, que ha añadido que se firmó con el objetivo de "tranquilizar a los funcionarios" porque serían los consejeros los que firmaran directamente los decretos de gasto de cara a la convocatoria de referéndum.
Ha añadido que incluso podría considerarse que el acuerdo es de pleno derecho porque la Ley impide que se puedan modificar las competencias de los consejeros o que uno de ellos pudiera tener competencias sobre patrimonio público de otro departamento.