El Defensor del Pueblo acusa a cuatro CCAA y casi 100 ayuntamientos de no colaborar con el organismo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha señalado a cuatro comunidades autónomas --Andalucía, Canarias, Madrid y Murcia-- y a casi 100 entidades locales de ser administraciones "no colaboradoras" con este organismo al demorarse en responder a los requerimientos de este órgano o, incluso, no llegar a hacerlo.

Así consta en un anexo del informe anual del Defensor del Pueblo que ha sido publicado este martes y donde se recuerda que la ley vigente obliga a que las administraciones conteste a este órgano sobre la información que precisa para sus actuaciones.

"Pero la contestación ofrecida no es siempre inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones", explica el Defensor del Pueblo en su informe.

Muchos de estos requerimientos tienen que ver con cuestiones ordinarias de los ayuntamientos o entidades locales menores con temas relacionados con urbanismo, residuos u otras cuestiones.

Como novedad de este año, se ha optado por no incluir en este listado las administraciones de municipios de menos de 1.000 habitantes, a fin de ofrecerles más tiempo para la tramitación de su respuesta, dado que dichas administraciones cuentan con unos medios humanos y materiales muy limitados.

CUATRO COMUNIDADES

En el caso de las comunidades, en Andalucía tiene que ver con la consejería de Fomento. Según se explica, el Defensor del Pueblo solicitó una ampliación de información por la falta de transporte público hasta el Centro de Internamiento para Menores Infractores La Marchenilla, en Algeciras (Cádiz).

Por su parte, en lo que compete a Canarias, el Defensor del Pueblo reclamó información a la Consejería de Bienestar sobre unas declaraciones de desamparo, mientras que inició actuaciones sobre los recursos para jóvenes extutleados cuando cumplen la mayoría de edad.

En cuanto al Instituto Canario de la Vivienda, se iniciaron actuaciones por la solicitud de incoación de un expediente de adjudicación de vivienda de protección por especial necesidad.

Mientras, en Madrid se solicitó información a la Cámara de Cuentas con motivo de una denuncia presentada por irregularidades en un expediente de contratación de un ayuntamiento.

Por último, el Defensor del Pueblo señala a la Consejería de Salud de Murcia por su silencio administrativo en una solicitud sobre responsabilidad patrimonial de la Administración y por los pacientes con prolongación de estancia hospitalaria.