El Defensor del Pueblo pide más medios para superar "los problemas" iniciales de la ley de eficiencia judicial

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) - El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha asegurado que "no es posible, a corto plazo, evitar los problemas que necesariamente se derivan" de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que entró en vigor el año pasado y que busca mejorar la gestión de recursos para aliviar la carga de juzgados y tribunales, por lo que ha pedido más medios al tratarse de una "reforma tan profunda ejecutada en un plazo de tiempo relativamente corto, con las consiguientes dilaciones".

La entrada en vigor de la ley "supone un cambio profundo en la organización judicial", señala Gabilondo en el informe anual del Defensor del Pueblo de 2025, recalcando que en el momento que se realizó el informe aún no había "transcurrido un tiempo suficiente que permitiera evaluar la reforma operada para la racionalización y eficiencia perseguida" con la ley.

El Defensor del Pueblo indica que la norma "motivó muchas de las quejas recibidas" debido a "la falta de cobertura de las necesidades de personal detectadas en distintas partes del territorio, en especial en las jurisdicciones civil, social y de violencia contra la mujer".

Por ello, Gabilondo señala la necesidad de "un incremento de la plantilla de jueces, fiscales y personal al servicio de la Administración de Justicia en toda España".

De no producirse este aumento, "la carga de trabajo de los magistrados seguirá siendo la misma", avisa.

"La entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia de manera generalizada tampoco parece que a corto plazo pueda resolver los largos períodos de espera para la celebración del juicio", objeta, ya que, según Gabilondo, "la creación del tribunal de instancia no supone ninguna alteración del reparto ya asignado a los hasta entonces juzgados".

LOS RETRASOS, EL "PRINCIPAL PROBLEMA"

"El problema principal del Servicio Público de Justicia" y "el más repetido a lo largo de los años, es el de los retrasos", expone Gabilondo, que achaca estos a "causas estructurales, a la insuficiencia de medios personales o materiales de los juzgados", así como a la "falta de cobertura de las vacantes" en la oficina judicial y a "la sobrecarga de trabajo en los órganos judiciales, producida por el incremento sostenido en el tiempo de la litigiosidad".

El informe pone en relieve los retrasos "en materias donde el factor tiempo es esencial, como son los derechos de visita o guarda y custodia de los hijos o los procesos de tutela de las personas mayores o con discapacidad", y el Defensor del Pueblo solicita que "se doten correctamente dichas secciones".

Además, "la falta estructural de medios del resto de la Administración de Justicia" y "el incremento de pleitos" también influye en los retrasos de la actividad pericial, subraya.

FALTA DE ESTABILIDAD

Asimismo, el Defensor del Pueblo lamenta que se sigan produciendo "situaciones perjudiciales para el ciudadano cuando el juez que ha presidido la vista o el magistrado ponente en el caso de los órganos colegiados caen enfermos y su baja prolongada deja pendiente el dictado de la correspondiente sentencia".

En la misma línea, señala que ante la "imposibilidad de acudir el juez o el llamado a sustituirlo" al juicio, este se suspende y "genera que las citaciones se pospongan", por lo que reclamó que se agende la vista suspendida "en la mayor brevedad posible".

Por otro lado, Gabilondo asevera que "el personal de los juzgados centrales de instrucción no tiene la suficiente estabilidad", y recuerda que la Audiencia Nacional "se encarga de investigar delitos de relevancia y alta complejidad, como terrorismo, narcotráfico a gran escala o delitos económicos que causen grave perjuicio a la economía nacional", por lo que "requiere un personal altamente especializado y estable".

El informe también pone de relevancia que el Defensor del Pueblo ha recibido "un número relevante de quejas" en relación a la actuación de los abogados de oficio, por lo que ha insistido en "la necesidad de dotar de medios adecuados al turno de oficio" y exige que se ofrezca "un servicio de calidad".