El Defensor del Pueblo señala a Madrid y Asturias como las administraciones autonómicas "entorpecedoras" de su labor

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo, en su informe correspondiente a 2006 hecho público hoy, señaló a la Comunidad de Madrid y al Principado de Asturias como las dos administraciones autonómicas "entorpecedoras" de su labor durante el pasado año.

Según explica el informe, las administraciones consideradas entorpecedoras son aquellas que "han dificultado u obstaculizado la labor del Defensor del Pueblo, bien porque lo han hecho sistemáticamente o bien porque han desarrollado alguna actividad que, por negativa, merece ser destacada".

En el caso de la Comunidad de Madrid, la denuncia se centra en el Instituto de la Vivienda (IVIMA), al cual, según se relata, se le solicitó informe el 30 de enero de 2006, relativo a la falta de otorgamiento de contrato en una plaza de garaje. Después de un tercer requerimiento se procedió al cierre del expediente el 16 de mayo del mismo año.

Al IVIMA también se le solicitó otro informe el 16 de mayo de 2006, relativo a la demora en el pago de facturas. Después de un tercer requerimiento, se procedió al cierre de expediente el 30 de noviembre de ese año.

Por su parte, en Asturias, es la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Obras Públicas la que recibe críticas. El Defensor del Pueblo le solicitó informe el 12 de mayo de 2004, relativo a espacios naturales no protegidos, y después de un tercer requerimiento se procedió a cierre de expediente el 1 de junio de 2006.

A esta misma Consejería se le solicitó informe el 4 de agosto de 2004, relativo a la tala de árboles, de "dudosa legalidad", efectuada en un monte. Como en los casos anteriores, después de un tercer requerimiento se procedió al cierre el 25 de octubre de 2006.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

En el apartado de administración local, aparecen como entorpecedores un total de 47 ayuntamientos. Entre ellos, destacan por su tamaño Burgos, Málaga, Mérida (Badajoz), Santa Cruz de Tenerife, Águilas (Murcia), Benalmádena (Málaga), Las Rozas (Madrid), Orihuela (Alicante) y Ronda (Málaga).

Al consistorio burgalés se le solicitó informe el 21 de abril de 2004, relativo a las molestias ocasionadas por una clínica, y después de un tercer requerimiento se procedió al cierre de expediente el 18 de julio de 2006. El informe reclamado a Málaga tenía que ver con construcciones ilegales.

Por su parte, al Ayuntamiento de Mérida se le pidió información sobre el estado de abandono de un solar. A Santa Cruz de Tenerife le fue solicitado un informe el 5 de septiembre de 2005, relativo a las molestias producidas por locales nocturnos a los vecinos durante la madrugada. Después de un tercer requerimiento se procedió a cierre de expediente el 21 de julio de 2006.

También han sido incluidos en este apartado la Comunidad de Regantes Alicante-Norte y la Comunidad de Regantes de la Presa de la Tierra, en Benavides de Órbigo (León). En el primero de los casos se le requirió informe relativo a disconformidad con una servidumbre, y en el segundo en torno a una solicitud de inclusión en la mencionada Comunidad.

ADMINISTRACIONES QUE NO CONTESTARON

El informe recoge, en otro apartado diferente, las quejas que no han tenido contestación por la unidad a la que han sido dirigidas en el año 2006, "habiéndose requerido por el Defensor del Pueblo, hasta tres veces, informe o respuesta a algún asunto en cuestión". Las CCAA que no han contestado a los requerimientos del Defensor han sido, según el documento, Aragón, Asturias, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana.

En lo que tiene que ver con Aragón, fue el Departamento de Salud y Consumo el que no respondió al Defensor del Pueblo. Mientras, en Asturias, mantuvieron esta actitud las consejerías de Cultura, Comunicación Social y Turismo; Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras; y Salud y Servicios Sanitarios.

En Galicia, no atendió al tercer requerimiento la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. En Madrid, fueron la Consejería de Presidencia y el IVIMA. Por último, en la Comunidad Valenciana, las críticas del Defensor del Pueblo se dirigen en este apartado contra la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las administraciones locales más destacadas -del total de 26- que aparecen en este epígrafe son Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Valencia, Castro Urdiales (Cantabria), Linares (Jaén), Mérida (Badajoz) -que también aparece como "entorpecedora"- y Torrevieja (Alicante).

Cerrando este apartado, se incluye también al Colegio de Abogados de Burgos, al que se le solicita informe sobre la actuación profesional de un abogado de oficio, y al Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Santa Cruz de Tenerife.

CONTESTARON AL TERCER REQUERIMIENTO

El informe hace un tercer grupo de administraciones con las que sí contestaron al tercer requerimiento de información por parte del Defensor. Según explica, en él se ponen de manifiesto las quejas que si bien provocaron un tercer requerimiento de alguna unidad administrativa, dado que no respondieron a las anteriores o lo hicieron inadecuadamente, finalmente han contestado justificando, en diversos supuestos, las razones del retraso.

Entre estas CCAA se encuentran Andalucía (concretamente su Consejería de Educación); Asturias (consejerías de Educación y Ciencia, y de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras); Cantabria (Obras Públicas y Vivienda); Castilla-La Mancha (Agricultura); Castilla y León (Fomento y Medio Ambiente); Cataluña (Economía y Finanzas, Medio Ambiente y Vivienda, Política Territorial y Obras Públicas); y Extremadura (Cultura, Desarrollo Rural y Sanidad y Consumo).

Junto a ellas, Baleares (Educación y Cultura, Obras Públicas y Vivienda y Transportes), la Comunidad de Madrid (Economía e Innovación Tecnológica, Educación, Medio Ambiente y Ordenación de Territorio, IVIMA, Sanidad y Consumo); Murcia (Educación y Cultura, Industria y Medio Ambiente); y Comunidad Valenciana (Infraestructuras y Transporte, Territorio y Vivienda).