CIUDAD REAL, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, pidió hoy el apoyo para la Guardia Civil y la Policía Nacional en las investigaciones para aclarar los robos en fincas de la provincia de Ciudad Real y consideró "contraproducentes" las acciones que puedan llevar a cabo por sí mismos los agricultores, entre otras, la creación de patrullas de vigilancia.
Díaz-Cano, que mantuvo reuniones hoy por separado con responsables de las organizaciones agrarias ASAJA y COAG-IR, tras finalizar la primera de ellas, argumentó que la actuación de los agricultores, por un lado, pueden perjudicar las investigaciones oficiales y, por otro, pueden acarrear consecuencias físicas para ellos sí, por casualidad, se topan con los supuestos autores de los robos.
Para el delegado del Gobierno, la mejor aportación que pueden hacer en este caso los agricultores es la de la información, trasladando a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) cualquier dato que estimen que pueda ayudar a la prevención de los robos que se están dando.
Díaz-Cano reconoció que el incremento de robos, con unos 30 en las últimas semanas, y el hecho de que los mismos se concentren en la zona de regadío de la provincia, en pueblos como Villarta de San Juan, Cinco Casas, Daimiel, Manzanares, Argamasilla de Alba o Socuéllamos, entre otros, está favoreciendo la generación de una alarma social.
En todo caso, Díaz-Cano apuntó que, salvo el incremento de las últimas semanas, en la primera mitad del año 2007, los robos en fincas de la provincia de Ciudad Real llevaban un camino descendente con respecto al mismo período del año pasado.
Por otro lado, ante la petición de más presencia de Guardia Civil en la zona realizada por las organizaciones agrarias, el delegado del Gobierno indicó que, desde la Comandancia, se han enviado más unidades, con lo que su presencia es mayor que en tiempos pasados, aunque sea evidente que no se puede ocupar todo el territorio.
Díaz-Cano recordó que el trabajo policial está dando sus resultados, informando que en la región se han arrestado a 185 personas en relación con este tipo de delitos en lo que va de año, que ayer mismo se conocía la detención de dos grupos organizados, uno en Socuéllamos y otro en Malagón, y confió en que, en breve, se puedan desarticular otros más.
Sobre el número de grupos que pudieran estar actuando indicó que es difícil concretarlo, aunque consideró que en la zona de Argamasilla de Alba, donde se han producido 11, todos puedan ser obra de la misma banda.
PELIGRO DE RACISMO.
Además, el delegado del Gobierno advirtió del riesgo de posturas racistas que pueden estar surgiendo en los pueblos al acusar a personas extranjeras de estos hechos, algo que puede ser muy grave en una temporada en la que personas de otros países vendrán a recolectar las cosechas, en particular, para la vendimia.
En opinión de Díaz-Cano, estas apreciaciones no se corresponden con la realidad, ya que, por ejemplo, de las siete personas detenidas ayer en Socuéllamos y Malagón, cuatro son extranjeras y tres españolas, siendo también españoles los que compran el material robado, principalmente, cobre.
Por último, Díaz-Cano se mostró receptivo ante la propuesta de ASAJA de crear guarderías rurales municipales que colaboren con la Guardia Civil y Policía Nacional para prevenir los robos.
En este sentido, el secretario provincial de ASAJA, Florencio Rodríguez, que mostró su apoyo al trabajo de las FSE, reiteró la necesidad de intensificar la vigilancia en las zonas rurales y defendió una mayor presencia de la Guardia Civil.
Según Rodríguez, la situación es insostenible para los agricultores, ya que los robos de cobre de los transformadores de los pozos están generando grandes pérdidas a los agricultores, dado que reponer un aparato de éstos, además del tiempo que se pueda estar sin regar, puede llegar a los 12.000 euros, algo que no se compensa con el precio de los productos.
