MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso dará este martes el primer paso para suprimir la prisión permanente revisable, una medida aprobada en solitario por el PP cuando tenía mayoría absoluta, y que toda la oposición recurrió ante el Tribunal Constitucional hace más dos años. La eliminación de esa pena llegará de la mano del PNV, que defenderá la toma en consideración de una proposición de ley para reformar el Código Penal con ese fin.
En su iniciativa, el PNV demanda la supresión de la prisión permanente revisable por considerar que se trata de una medida "irresponsable" e "inconstitucional". Según argumentan, su inclusión en el Código Penal fue "una de las decisiones político-criminales más importantes desde el restablecimiento de un sistema jurídico político de libertades en el año 1978", pero "no está justificada desde razones de política criminal".
VA CONTRA LA REINSERCIÓN
Además, recalca que este tipo de pena "vulnera claramente los elementos nucleares de los principios constitucionales referidos al ordenamiento penal: el principio de legalidad y el mandato de resocialización", ambos contenidos en el artículo 25 de la Constitución Española.
En este mismo sentido, el PNV insiste en que la incorporación de la prisión permanente revisable, que encubre la pena de prisión de por vida o prisión perpetua, "persigue únicamente una función retributiva y vengativa de la pena" en aras a una "supuesta mayor seguridad ciudadana" y "niega el sistema de derechos y valores de la Constitución".
En concreto, sostienen que, además del citado artículo 25 de la CE, "atenta contra la dignidad de los seres humanos (art.10 CE) y contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes (art.15 CE)".
ROMPE EL CONSENSO CONSTITUCIONAL
Para el PNV, el Derecho Penal es "sumamente maleable en manos de los operadores que lo manejan" y por ello debiera primar la "responsabilidad política y jurídica para evitar un día hallarnos inmersos en un Derecho Penal totalitario, desigual, desproporcionado e injusto".
Así, exige "responsabilidad a la hora de proponer innovar" en el contenido del Código Penal y reclama también "responsabilidad para con el modelo garantista que antaño nos dimos; para asumir como propia la idea de que la seguridad no lo es todo, de que hay otros Derechos y principios que deben inspirar nuestro sistema".
Por último, alerta de que "existen posibilidades de error judicial que sería irreparable" y afirma que la incorporación de esta pena al Código Penal "rompe peligrosamente con uno de los consensos constitucionales de 1978 de no establecer la cadena perpetua".
