Los dos acusados de estafar a 80 empresas de fruta dicen que mucha de la mercancía llegaba en "mal estado"

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La pareja acusada de acusada de estafar 1.567.000 euros a más de 80 empresas de frutas repartidas por toda España, declararon ante el juez que en algunas ocasiones no abonaban el total de los encargos porque la fruta "llegaba en mal estado". La mujer señaló que tenía todos los pagos en regla hasta que le robaron todo el dinero y el ordenador portátil en abril de 2005 y su pareja señaló que la liquidación de ventas practicada por las empresas demandantes no corresponde con los precios iniciales.

El juicio comenzó hoy en la la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, se extenderá toda la semana y finalizará el día 5 de febrero. Durante la sesión de hoy declararon los dos acusados, cuatro agentes de la Guardia Civil que participaron en vigilancias y dos peritos propuestos por las defensas.

La acusada, I. L, fue primera en declarar ante el presidente de la sala, Manuel Vicente Avello Casielles. La mujer confesó que fue la administradora en solitario de tres empresas dad fruta, pero añadió que "en ningún momento sabía que tenía deudas". "Tuve conocimiento de los hechos en el momento en el que me detuvieron", dijo. "Si hay alguna deuda es por culpa de la persona con la que trabajaba en la primera empresa".

La acusada señaló que sus empresas estaban siempre "abiertas al público" y que ella era la que realizaba los pedidos por fax y por teléfono. "Antes enviábamos una carta a la empresa para que viesen como funcionábamos", apuntó.

La imputada aseguró que hizo frente a todos sus pagos hasta que le robaron en u domicilio la caja fuerte con todo el dinero y el ordenador portátil con la contabilidad de la empresa. "En ese instante tuve que crear otra sociedad con 3.000 euros para poder abonar los impagos". En otras ocasiones manifestó que la fruta venía en "mal estado" y que tenía que devolverla después de que haya sido examinada por un perito industrial. "Eso ocurría en algunas ocasiones", matizó.

Por último, la acusada creó la Unión Frutera del Principado, una empresa de alquiler de cámaras frigoríficas en el polígono de Asipo en el que negó que trabajase su pareja. "Él sólo viene a recogerme y a levarme algunos días", dijo y añadió que su novio "trabaja en una empresa de alimentación como comercial".

Por su parte, el otro acusado, L. A. S., negó también que trabajase en la empresa de su pareja en el Polígono de Asipo y afirmó que estuvo trabajando en empresas de frutas y hortalizas desde los años 90 hasta el 2003. "Me dedicaba a la compra y venta de frutas a comisión de un 12 por ciento".

El hombre sostuvo que conoció a la acusada en la primavera del año 2004 y destacó que en "ningún momento compartieron el mismo trabajo". El imputado negó también haber tenido conocimiento de las deudas y mostró su extrañeza de que las empresas reclamen dinero "seis años después" de haber liquidado sus empresas.

"Trabajé con mil y pico empresas y sólo he tenido problemas con 20 o 30" aseguró el acusado que reconoció que muchas de ellas le habían enviado fruta y hortalizas en "mal estado".

Por su parte, los cuatro policías que realizaron labores de vigilancia de la pareja afirmaron que el acusado L. A. S. era el que "manejaba el cotarro" en la empresa de la acusada I. L. en Asipo. "Se le veía en muchas ocasiones hablar por teléfono o con personas que se acercaban por la empresa".

La Guardia Civil aseveró a además que las investigaciones se realizaron a raíz de una denuncia de una empresa que desembocó en un listado aportado por una aseguradora en la que aparecían "más empresas afectadas". "Había muchas empresas del levante español que tenían reticencias en vender fruta a Asturias por el temor a a ser estafado". "Se creó una gran alerta sobre este asunto", afirmó el agente de la Guardia Civil.

Respecto a la opinión de los dos peritos propuestos por las defensas, ratificaron que había algunos pedidos, alrededor de 10 que llegaron en mal estado tras realizar los análisis y las pruebas pertinentes.

Las empresas proveedoras perjudicadas superan las 80 en toda la geografía nacional (Zaragoza, Almería, Málaga, Lérida, Murcia, La Rioja, Valencia, Alicante, Granada, Sevilla, Madrid, Huesca, Castellón, Cádiz, Badajoz y Barcelona), cuando estas empresas posteriormente pretendía cobrar los pedidos esta se volvía infructuosa, ya que no localizaban las sedes sociales de las empresas que habían realizado el pedido.

La fiscal solicita para la mujer I. L., de origen Ucraniano, de 32 años de edad, la pena de cinco años de prisión por un delito de estafa y para su pareja sentimental L. A. S. G., de 30 años, la pena de seis años de prisión por el mismo delito. Su pena es un año superior a la de su pareja al tener antecedentes penales.