Las dos hijas de Oubiña intentan impedir la venta del Pazo de Baión al reivindicar sus derechos como herederas

VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA), 29 (EUROPA PRESS)

Las dos hijas que el narcotraficante Laureano Oubiña han presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la sentencia que decretó la incautación del Pazo de Baión porque alegan que podría lesionar sus derechos como posibles herederas, lo que ha obligado a suspender temporalmente la venta de esta propiedad inmobiliaria que hoy iba a ser adjudicada.

Las dos jóvenes nacidas del matrimonio de Laureano Oubiña con la ya fallecida Esther Lago, con quien el narcotraficante se casó en segundas nupcias en 1987, presentaron el pasado viernes 25 de enero un recurso en el que se amparan en el artículo 39 del Reglamento del Tribunal de Estrasburgo. Sus argumentos legales son que con la venta de la propiedad requisada a sus padres se podrían lesionar sus derechos como posibles herederas.

Esta actuación obligó a la mesa de adjudicaciones del Plan Nacional sobre Drogas, que hoy tenía previsto abrir los sobres de las cuatro propuestas presentadas para comprar el Pazo de Baión, a suspender temporalmente el proceso de venta de la propiedad, a la que concurren el grupo catalán Freixenet --que gestiona actualmente la propiedad--; el riojano Izagui y las bodegas gallegas Condes de Albarei y Martín Códax.

Fuentes de la mesa de adjudicaciones del Plan Nacional sobre Drogas explicaron a Europa Press que se decidió suspender de forma temporal el proceso "como medida cautelar" para analizar la documentación y ver cómo afecta al proceso para continuar con la venta y añadieron que el objetivo es también no perjudicar a las empresas que presentaron sus ofertas por el Pazo de Baión.

Los dos edificios que componen el Pazo de Baión --que en los años 90 se convirtió en referente de la lucha contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico-- están ubicados en la localidad arousana de Fontán y están rodeados de una amplia zona dedicada al cultivo de viñedos. En enero de 1995 el pazo fue intervenido judicialmente y el juez Baltasar Garzón embargó en 1999 el patrimonio de los Oubiña para ejecutar la deuda de 15 millones de euros que el matrimonio arrastraba desde que el Tribunal del caso Nécora los condenó por delito fiscal en abril de 1994.