MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha renunciado a recurrir la absolución de 40 acusados de pertenecer a la rama juvenil de ETA, SEGI, que se enfrentaban a penas de entre seis y doce años de cárcel por integración en organización terrorista, pese a estar en desacuerdo con la sentencia dictada por la Audiencia Nacional.
Según explica en un comunicado, Dignidad y Justicia no comparte "en absoluto" la absolución de los 40 acusados de pertenecer a SEGI, pero no la recurrirá ante el Tribunal Supremo por la desestimación de todas las pruebas presentadas por la acusación y, además, el coste económico que tendría, de hasta 120.000 euros.
La asociación presidida por Daniel Portero alerta de que últimamente se están produciendo una serie de sentencias absolutorias en las que los tribunales "dan más credibilidad a los acusados por terrorismo o enaltecimiento que la prueba que existe contra ellos". A su juicio, en este hecho "puede tener algún peso" el "miedo que siempre ha despertado ETA dentro de la justicia y principalmente dentro de la Audiencia Nacional".
Pese a todo, no recurrirá la sentencia de SEGI porque, en primer lugar, la mayoría del tribunal de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado todas las pruebas con las que contaban las acusaciones "para mantener que Gazte Independentistak estaba instrumentalizada por Segi y sus integrantes eran miembros activos".
Según lamenta, se han rechazado las declaraciones inculpatorias de los acusados "por acogerse a las tesis de las defensas y dar credibilidad a las denuncias de estos", así como los informes periciales de inteligencia y las actas de vigilancia que se realizaron por la Policía Nacional.
COSTE INASUMIBLE
El segundo motivo que hace que Dignidad y Justicia renuncie a acudir al Tribunal Supremo es que la interposición de un recurso de casación genera unas costas de 3.000 euros de media por acusado, lo que en este caso, en caso de desestimarse su petición, haría que la asociación tuviera que pagar hasta 120.000 euros. "Inasumible para una asociación cuyos recursos económicos provienen de subvenciones y la generosidad de la gente", reconoce.
Dignidad y Justicia lamenta la "inacción" de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya anunció que tampoco recurriría la sentencia porque, aunque asegura que no está satisfecho con la resolución, considera que no existe margen para recurrir la decisión.
La resolución precisaba que "no ha quedado acreditada la pertenencia a SEGI" de los acusados y añadía que ninguno de ellos realizó "aportaciones materiales y concretas a las acciones criminales" de esta organización. La sentencia, que cuenta con el voto particular del magistrado Nicolás Poveda, especifica que los 40 actuaban bajo la cobertura de otra plataforma independentista, en la que desarrollaban "actos de contenido político" pero no violento.
