MURCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia y la Abogacía del Estado han rebajado a cinco años de prisión su petición de pena contra el empresario Trinitario Casanova por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública al apreciar la atenuante de reparación del daño causado, ya que el promotor inmobiliario ha consignado en el juzgado el importe de 1,2 millones de euros supuestamente defraudados.
Ambas acusaciones pedían un total de seis años de prisión para Casanova, tres años por cada delito correspondientes al impago del IVA y del impuesto de sociedades. El juicio, que se celebró hoy en el Juzgado de lo Penal número 5 de Murcia, quedó visto para sentencia.
No obstante, se mantiene la petición de multa de 7,2 millones de euros por los dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 12 años. El fiscal señaló en sus conclusiones provisionales que el promotor inmobiliario, que en 2003 era administrador único de la empresa 'Grupo Inversor Hispania', "trató de crear la apariencia de que, durante ese año, su empresa había soportado importantes gastos" para eludir el pago de impuestos.
Según el escrito del fiscal, el imputado logró hacerse con un total de 91 facturas por trabajos que no se habían realizado y por las que logró evitar el pago de 596.372 euros en concepto de IVA y 605.970 euros por el Impuesto de Sociedades.
Estos pagos se habrían producido por las obras de movimiento de tierras y desmonte de terrenos en una urbanización conocida como Sierra de Altea II, situada en el municipio de Altea.
No obstante, el fiscal sostiene que "estas obras no se habían realizado ni, por tanto, habían supuesto gasto alguno para Casanova" por lo que, "con el fin de aparentar esos gastos inexistentes, se puso en contacto con otras personas para que emitieran facturas a Grupo Inversor Hispania" en las que se reflejaran esas obras y su correspondiente IVA.
Durante el juicio, Casanova aseguró que las facturas fueron contabilizadas y que "todas" se declararon. A pesar de que la acusación sostiene que las facturas --que ascienden a un montante total de 3,7 millones de euros-- son falsas, el empresario dejó claro que el importe de las mismas responden a "trabajos necesarios para el desmonte de la parcelas y reposición".
Según explicó Casanova, la urbanización no podía construirse debido a los "importantes" desniveles, por lo que durante 2003, se realizó "el acondicionamiento de una parte de las parcelas con mayor desnivel".
El empresario justificó el hecho de que no se hicieran proyectos, ni petición de licencia, ni planes de salud y seguridad laboral, porque "no era una obra mayor". "Mi misión es que las cosas se hagan bien y pagar a la gente que trabaja", aseveró Casanova, quien comentó que se encarga de firmar los pagarés, pero no comprueba si se cobran de una u otra forma.
Por su parte, el representante de Grupo Inversor Hispania, sociedad declarada responsable civil subsidiaria, admitió que la empresa infringió la Ley que exige licencia para realizar las obras, aunque sostuvo que ello no representa la existencia de un delito penal. La defensa del promotor inmobiliario indicó que ha quedado acreditado que sí se hicieron los trabajos de desmonte en 2003.
Para último, Casanova añadió que en los últimos cinco años, su empresa ha pagado más de 32 millones de euros en impuestos de sociedades a la Hacienda Pública.
