MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios del PSOE y PP sumarán fuerzas en el Pleno del Congreso de los Diputados de este martes para 'tumbar' dos iniciativas de ERC que reclaman que en el marco de la reestructuración del sistema financiero impulsada por el Gobierno se cambie la ley para obligar a las entidades a aceptar que con la entrega de la vivienda baste para cancelar el préstamo.
Según adelantaron a Europa Press fuentes parlamentarias, ambos grupos rechazan de plano esta posibilidad, que ya ha sido debatida en otras ocasiones en la Cámara Baja sin que prosperara, si bien la idea ha recobrado la actualidad tras varias sentencias judiciales que la admitían como opción válida en ejecuciones hipotecarias.
La propuesta de los republicanos, presentada tanto a través de una proposición de ley como mediante una moción, recogen varios de los puntos de una iniciativa similar presentada por sus compañeros de grupo parlamentario, los diputados de IU, Gaspar Llamazares, y de ICV, Nuria Buenaventura.
Así, defienden que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) compre inmuebles a las cajas para destinarlas al alquiler de protección social.
Por otro lado, reclama que las ayudas directas a las entidades financieras, sean cajas o bancos, deben vincularse al flujo de crédito, la reducción de remuneraciones de las entidades, el mantenimiento de los puestos de trabajo y se protege a las personas con créditos hipotecarios.
Además, pide la revisión de la Ley de Autonomía del Banco de España para modificar las competencias y funciones del organismo, con el objeto de asegurar su supervisión e intervención en el sistema financiero para poder alertar adecuadamente de los riesgos del sistema.
UN 8% PARA TODOS
Pero también se hace eco de postulados de otras formaciones, como CiU que reclama que todas las entidades, sean cuales sean sus condiciones, se atengan a un mismo requisito de 'core capital' del 8%, sin que se produzca ninguna discriminación entre bancos y cajas de ahorro.
Por último, exige que se respeten las competencias de las comunidades en materia de control y regulación de las cajas, y que se garantice la permanencia de su obra social y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
