BILBAO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
Representantes de EHAK, acompañados por su abogada, Jone Goirizelaia, afirmaron hoy que el PSOE "se ha puesto la toga", y denunciaron "la presión" que ejerce sobre los jueces para que "revistan jurídicamente" una decisión "política" y procedan a su ilegalización.
Estas declaraciones fueron realizadas después de que ayer los líderes de la formación abertzale comparecieran ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. A su vuelta a Euskadi, la Policía Nacional paró su autobús para identificarles y registrar el vehículo, según denunciaron esta mañana.
En una rueda de prensa celebrada en Bilbao -en la que también intervinieron el presidente de EHAK, Juan Carlos Ramos, y la portavoz parlamentaria de Ezker Abertzalea, Nekane Erauskin-, Gorizelaia señaló que espera que el Tribunal Supremo desestime la demanda interpuesta por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y aseguró que, de no ser así, llevará el caso a Estrasburgo.
La letrada manifestó que, con "dos datos nuevos" que existen para pretender la ilegalización de la formación, "evidentemente, no estamos hablando de una resolución jurídica, sino, una vez más de una resolución política".
"Lo que se está pidiendo a los jueces es que revistan jurídicamente esa decisión política, a través de una presión que actúe en contra de que los jueces puedan tomar una decisión con lo datos que tienen fuera de esa presión. Eso es lo que nos vamos a encontrar el próximo viernes", añadió.
Además, precisó que "las medidas cautelares" siempre se piden "para proteger un interés superior" y consideró que "el interés" que debería "prevalecer" y que tendría que defender el Tribunal Supremo, al "primarlo" la Constitución Española es "el de la participación de los ciudadanos en las cuestiones públicas a través de los partidos".
En su opinión, la pretensión de la Fiscalía y el Abogado del Estado de que EHAK no esté en elecciones es "un interés político claro porque se ponen las demandas justo diez días antes de que se tengan que dar a conocer cuáles son los partidos políticos que tienen que estar en las elecciones". "Esperamos que, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, el Supremo no decida la suspensión de las actividades", precisó.
"TRAGICOMEDIA"
Por su parte, Juan Carlos Ramos aseguró que ayer asistieron en Madrid a "una tragicomedia", sin que se sepa "cuántos actos" tendrá, ni cómo finalizará, y precisó que allí les esperaban, como "presión" miembros de la "extrema derecha, a quienes dijimos que la violencia es mala". "Una vez en la Audiencia Nacional, el PSOE se puso la toga", dijo.
Además, dijo que la Fiscalía expuso "los mismos argumentos" que hace tres años no consideraba delictivos. "Los argumentos eran de peso: estar en contra del Tren de Alta Velocidad", ironizó, para señalar que la acusación era "su relación" más con Batasuna que con ETA. "Somos amigos de un hermano del primo de un conocido...Esa es nuestra vinculación con Batasuna", dijo.
El líder de EHAK recordó que el informe de la Guardia Civil especificaba que estaban abandonando "las tesis leninistas, abrazando el revisionismo y adoptando el discurso de Batasuna".
"FUERA DEL MAPA POLITICO"
Nekane Erauskin, que inició la rueda de prensa, manifestó que "la comparecencia de ayer de EHAK ante el juez Garzón en la Audiencia Nacional no es algo aislado". "Hoy le toca a ANV, ayer detuvieron a Pernando Barrena y a Patxi Urrutia. Están utilizando y condicionando nuestro trabajo parlamentario para dejarnos fuera del mapa político", dijo.
Asimismo, subrayó que, cuando volvían de Madrid, "a la vuelta de la declaración", la Policía Nacional les paró cuando entraban en Euskadi. "Esto añade la persecución y extorsión que se realiza contra el pueblo vasco", indicó.
En su opinión, "todos estos son los pasos que el ministro Rubalcaba anunció cuando se rompieron las conversaciones en el proceso de negociciación". "Y todos los días están en los medios de comunicación, diciendo a la Audiencia Nacional y al Supremo lo que tienen que hacer", apuntó.
La dirigente abertzale aseveró que "está todo escrito y se está siguiendo el guión escrito por el Gobierno español del PSOE", lo que "demuestra la falta de democracia del Estado español". "El PSOE quiere hacer un cambio de marco, pero, para eso, quiere dejar al sector de izquierdas e independentista fuera de las instituciones y del trabajo que realizamos. Y para esto cuenta con el apoyo del PNV", apuntó.
Erauskin criticó que "se conculcan derechos, se realiza espionaje político, todo para justificar lo que van a hacer". "Aquí hay un conflicto político y la solución será política y nosotros seguiremos trabajando con este objetivo", dijo.
"LOS NUEVOS DATOS"
Jone Goirizelaia afirmó que sólo hay "dos datos nuevos" en el proceso, que se refieren a "las intervenciones de conversaciones telefónicas" y a las finanzas. De la primera de las pruebas, dijo que todas "las intervenciones telefónicas están ligadas a la actividad parlamentaria", por lo que reiteró que se trata de "algo muy grave como es el espionaje político".
Sobre la actividad económica, precisó que "se han hecho intervenciones de cuentas corrientes y se ha mirado qué trabajadores estan ahora contratados y como se ha utilizado el dinero". En esta línea, puntualizó que "todos los estan de alta tienen todo el derecho a trabajar y no se le puede quitar, aunque su partido o lo que el piensa sea ilegal", en referencia a miembros de Batasuna.
"La pregunta es: qué es lo que han hecho de manera ilegal? contratar a unas personas para trabajar?. Por otro lado, también se plantea que la cuenta se ha utilizado para hacer no sé qué y que hay una caja común. A decir verdad, en esos informes jurídicos no hay ni un solo dato en el que se explique cuál es esa caja, qué dinero se ha metido, desde dónde se ha metido, quién es el responsable y cómo se llevan las cosas. Se dicen cosas y es suficiente con decirlas, pero no hay pruebas", aseguró.
Goirizelaia señaló que ellos, por su parte, presentarán sus pruebas y espera que, de esta forma, no se acepte la demanda de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. En caso de que se estime, anunció su intención de acudir a Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.