Cree que la propuesta del tripartito sobre la disolución de grupos parlamentarios sólo "palía las consecuencias" de la ilegalización
VITORIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
EHAK anunció hoy su intención de reunirse con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y la presidenta de lal Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, para conocer su postura "ante la agresión" de la que está siendo objeto este partido, en la que incluyó "el espionaje político" que suponen las escuchas policiales a sus miembros. Además, afirmó que el camino para su ilegalización se ha abierto "por contratar legalmente a asesores", al tiempo que consideró que la reforma del proceso para disolver grupos parlamentarios planteada por el tripartito sólo "palía las consecuencias" de su posible suspensión.
El presidente de EHAK, Juan Carlos Ramos, y la portavoz del grupo de este partido en la Cámara vasca, Nekane Erauskin, junto con la abogada y miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Jone Goirizelaia, comparecieron hoy en una rueda de prensa en el Parlamento para analizar la situación generada con los procedimientos abiertos en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional para su posible ilegalización o suspensión de actividades.
Goirizelaia consideró que ambas vías son "dos caminos diferentes, pero con un único y exclusivo fin, que no es tanto la ilegalización de los partidos políticos porque sus miembros hayan cometido alguna actuación delictiva, porque no la hay en absoluto", sino la consecución de "una cobertura jurídica" para la decisión política de excluir a esta formación de la legalidad.
SIN PRUEBAS
"No hay ninguna prueba de actividad que sea considerada delito para poder llevar adelante una actuación en la vía penal y tampoco hay ninguna prueba de que el partido EHAK o el grupo parlamentario hayan actuado en contra de lo que señala la Ley de partidos", aseguró.
Respecto a la vía penal abierta en la Audiencia Nacional, a la que EHAK está citada el lunes y que podría desembocar en la suspensión de actividades, subrayó que se trata de un procedimiento abierto en 2005 en base a una querella de la AVT que en un principio no fue estimada por el titular del Juzgado central de instrucción número 5, Baltasar Garzón.
"LOS MISMOS INFORMES"
Goirizelaia consideró "curioso" que el proceso, abierto luego por Fernando Grande Marlaska en el periodo en el que sustituyó a Garzón al frente de este juzgado, se sustente ahora sobre unos informes policiales "que son básicamente los mismos" que en los que se basaba la demanda que no fue estimada en un primer momento.
La única diferencia, según la abogada de la izquierda abertzale, son las escuchas telefónicas practicadas por las Fuerzas de Seguridad a los miembros de EHAK. En este sentido, consideró "curioso que se recurra al espionaje político para montar un informe policial que sirva" para la suspensión de actividades de un partido.
Respecto a la demanda de ilegalización presentada por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo, criticó que incluya la petición de que medidas cautelares como la suspensión o el embargo de cuentas se lleven a cabo "sin audiencia a las partes, es decir, sin que el partido diga lo que piensa".
"MUERTE CIVIL Y POLITICA"
Goirizelaia reconoció que esta vía está contemplada en la Ley de enjuiciamiento, pero subrayó que se trata de un artículo "pensado para situaciones graves y de excepción", mientras que, en este caso, "se está aplicando para vulnerar derechos fundamentales". La abogada advirtió de que, si el alto tribunal atiende a esta petición, "estaríamos hablando de la muerte civil y política" de EHAK.
Tras denunciar que ni la defensa ni el propio partido han recibido aún la demanda de ilegalización y que han debido recurrir a los medios de comunicación para tener conocimiento de ella, afirmó que estas filtraciones, junto a las declaraciones de los miembros del Gobierno sobre la posible ilegalización de este partido, responden a una estrategia para "crear una alarma social artificial para obligar a los jueces a tomar una decisión".
PRESIONES A LOS JUECES
Goirizelaia consideró que, de esta forma, se está atentando contra la independencia del poder judicial. En su opinión, tanto la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como otros integrantes del gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero "están diciendo a los jueces cómo tienen que resolver".
"Nosotros podemos actuar en contra de eso. Hay mecanismos legales para denunciar esta situación, y en el transcurso de este procedimiento vamos a hacer iniciativas en este camino", anunció, aunque rechazó ofrecer más detalles sobre esta posibilidad.
La propuesta planteada ayer por PNV, EA, EB y Aralar para cambiar el mecanismo de disolución de grupos parlamentarios en la Cámara vasca, de forma que esta facultad dependa del pleno y no de la Mesa, también fue analizada por EHAK, cuyo apoyo, en caso de llevarse a cabo la votación de esta iniciativa, sería necesario para que saliera adelante el texto.
Nekane Erauskin, que afirmó haber tenido conocimiento de esta iniciativa en el día de ayer, consideró que se trata de una medida "para paliar las consecuencias" de una posible ilegalización. Además, recordó que lo que su grupo está planteando a través de otra proposición, que podría debatirse el 8 de febrero, es instar al Ejecutivo central a que retire la demanda de ilegalización contra su partido.
"Si no hubiera ilegalización y Ley de Partidos, no haría falta debatir sobre las consecuencias que esta ilegalización tiene. Lo que hay que conseguir es que se retiren las demandas, porque son medidas antidemocráticas", añadió.
"PAGOS LEGALES A ASESORES"
Erauskin anunció su intención de reunirse con Ibarretxe, con la presidenta del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, y con el resto de grupos parlamentarios para "ver qué es lo que están dispuestos a hacer ante la agresión" de la que ha sido objeto su grupo. En este sentido, recordó que el Parlamento vasco ya aprobó en su día una resolución en contra de las "intromisiones" en la labor de cada grupo tras la denuncia de EHAK sobre las escuchas de las que había sido objeto.
Por su parte, el presidente de EHAK, Juan Carlos Ramos, criticó "el proceso televisado" puesto en marcha para la exclusión de su partido de la legalidad. "Qué democracia es ésta que nos ilegaliza por estar en contra del Tren de Alta Velocidad y por contratar legalmente a asesores?", se preguntó, en referencia a los informes policiales que resaltan la sintonía de su partido con la postura de ETA y Batasuna en contra del TAV y que destacan el pago de nóminas a integrantes de la formación ilegalizada.
