Emperador.- La Fiscalía Anticorrupción pedirá la puesta en libertad de Gao Ping y la cúpula de la trama

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción pedirá, previsiblemente este mismo viernes, la puesta en libertad del presunto cabecilla de la trama china de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador', Gao Ping, y el resto de arrestados que fueron enviados a prisión por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu los días 19 y 20 de octubre, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La acusación pública trasladará al juez la adopción de esta medida en cumplimiento del auto dictado este jueves por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mediante el que ordena "la inmediata puesta en libertad" de uno de los detenidos, Kay Yang, al considerar que su detención se prorrogó de forma ilegal.

La Fiscalía, que ha acogido con un hondo malestar la decisión de la Sala de lo Penal, entiende que el auto afecta también a la veintena de detenidos que fueron enviados a prisión durante estos dos días, entre los que se encontrarían Gao Ping, su esposa y el cabecilla de la trama de extorsión, Hay Boo.

En todo caso, los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, pedirán la imposición de medidas cautelares para los cabecillas de la trama que podrían ir desde la retirada del pasaporte hasta la imposición de comparecencias periódicas en la Audiencia Nacional o el juzgado más próximo a su domicilio.

NULIDAD DEL AUTO DE PRISIÓN

El auto del tribunal, del que ha sido ponente el presidente de la Sección Tercera, Alfonso Guevara, acoge el recurso de apelación presentado por la defensa de Yang y declara la "nulidad absoluta e insubsanable" del auto por el que se acordó su ingreso en prisión. El juez Andreu ha decretado este mismo jueves su puesta en libertad.

La Sala considera que con la prórroga de prisión Yang "se vio privado ilegalmente de libertad", lo que vulneró el derecho 17.1 de la Constitución. A su juicio, el auto de arresto de los presuntos cabecillas de la trama se dictó el 15 de octubre, por lo que al tratarse de una "detención judicial" y no policial el detenido debió ser puesto a disposición del instructor en un plazo de 72 horas.

Debido al gran número de detenidos en esta operación, que superó el centenar, Andreu acordó el día 18 la puesta a disposición del juzgado de los detenidos, que permanecieron mientras tanto en las dependencias del Registro Central de Detenidos de Moratalaz y en la comisaría de Tetuán.

Los magistrados Alfonso Guevara (presidente y ponente), Antonio Díaz Delgado y Clara Bayarri consideran que el juez instructor aplicó de forma "errónea y contraria" la doctrina del Tribunal Constitucional, que se aplicó para poner en libertad a uno de los detenidos del 'caso Malaya'. Esta resolución se basó en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el juez "elevará la detención a prisión, o la dejará sin efecto, en el término de 72 horas a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado".

EL JUEZ: "ASUMO TODAS LAS CONSECUENCIAS"

El juez Fernando Andreu ha explicado a los medios de comunicación que los detenidos no estuvieron a disposición judicial hasta el día 18 porque, aunque autorizó sus detenciones, que se ejecutaron el día 16, el Cuerpo Nacional de Policía realizó 120 entradas y registros hasta ese día y dejó en libertad a varios detenidos.

A su juicio, el plazo de 72 horas debería comenzar a contar desde ese momento, ya que lo contrario habría supuesto decretar el ingreso en prisión de los detenidos sin haberles tomado declaración. De hecho, el 18 de octubre, el juez ordenó al secretario judicial que leyera sus derechos en comisaría a los detenidos y ordenó a la Policía que no realizara nuevas diligencias.

De igual modo, Andreu ha asumido toda la responsabilidad de esta situación. "El único responsable soy yo aunque sigo pensando que no me he equivocado. Lamento que trabajo de policías, fiscales y funcionarios pueda verse empañado por una decisión que, según la Sala, es errónea", ha señalado antes de apuntar que "diga lo que diga una ley de 1800, antes de decretar el ingreso en prisión de alguien el juez tiene que oírle".