ERC plantea sancionar a policías por retirar esteladas y suprimir la Audiencia Nacional en la reforma del Código Penal

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana ha aprovechado la tramitación en el Congreso de la reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión impulsada por Sumar para plantear una serie enmiendas destinadas a sancionar con una falta grave a los agentes que retiren injustificadamente banderas esteladas "u otros símbolos políticos protegidos" y también a suprimir de la Audiencia Nacional.

En concreto, según han informado en una nota de prensa, ERC propone modificar el régimen disciplinario de la Policía Nacional para tipificar como falta grave "la retirada, ocultación, inutilización, destrucción o impedimento injustificado" de la exhibición de símbolos, enseñas, banderas, pancartas u otras expresiones de carácter político, ideológico, cultural o identitario amparadas por la libertad de expresión.

En la justificación de esta enmienda, los republicanos citan expresamente la estelada independentista y recuerdan la retirada de estas banderas a aficionados del FC Barcelona antes del partido disputado contra el Elche el pasado 23 de agosto. ERC sostiene que este símbolo político no tiene limitada su exhibición en los recintos deportivos y plantea incorporar expresamente estas actuaciones al catálogo de faltas graves de la Policía Nacional.

Los de Gabriel Rufián también recuperan su clásica reivindicación de suprimir la Audiencia Nacional y atribuir los asuntos que actualmente son de su competencia a los juzgados y tribunales que correspondan conforme a las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y recomienda al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes desarrollar las medidas necesarias para hacer efectiva esa supresión.

ERC quiere también modificar el artículo 510.1 del Código Penal para ampliar la protección frente a los discursos de odio, incorporando expresamente a las personas o colectivos relacionados con la Guerra Civil y la dictadura franquista y precisando las conductas y supuestos de incitación.

MÁS INDEPENDENCIA JUDICIAL

Las enmiendas incluyen además la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña, con sede en Barcelona y configurado como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que ERC quiere atribuir competencias sobre el gobierno judicial territorial, nombramientos, formación, inspección, disciplina, organización y planta judicial.

El órgano estaría integrado por siete miembros y podría, entre otras funciones, formular una terna para designar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, intervenir en la selección y formación de miembros de la carrera judicial destinados en esa comunidad y ejercer potestades disciplinarias e inspectoras. Sus decisiones serían recurribles ante el CGPJ, salvo las adoptadas en ejercicio de competencias autonómicas.

En materia de independencia judicial, Esquerra plantea asimismo incorporar como causa de abstención o recusación que un juez o magistrado haya manifestado públicamente, invocando su condición, su acuerdo o desacuerdo con actuaciones de autoridades, partidos, sindicatos u otras entidades que sean parte en un procedimiento, cuando ello comprometa su independencia o imagen de imparcialidad.

MÁS PROTECCIÓN PARA ALERTADORES DE CORRUPCIÓN

Los republicanos pretenden también declarar nulos de pleno derecho los actos de represalia contra denunciantes de corrupción y garantizar que la persona afectada sea repuesta en su puesto de trabajo o en uno análogo, sin pérdida de retribuciones ni antigüedad.

Además, quieren permitir la suspensión de resoluciones adoptadas contra alertadores antes de la entrada en vigor de la norma y, cuando las sanciones hayan sido impuestas judicialmente, que se inste el correspondiente procedimiento de revisión.

Finalmente, ERC incorpora modificaciones del Código Civil y del Registro Civil para ampliar las autoridades que pueden intervenir en la tramitación y celebración de matrimonios civiles, incluyendo a jueces de paz, letrados de la Administración de Justicia, notarios y personal funcionario.