MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Senado aprobó esta tarde por asentimiento el proyecto de Ley de Control de Control de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, que aumentará el control parlamentario sobre las exportaciones y la información que está obligado a aportar el Gobierno al Parlamento sobre las operaciones autorizadas, canceladas y materializadas.
Los grupos parlamentarios que mantenían vivas varias enmiendas al texto, la Entesa Catalana del Progrès y el Grupo Popular, decidieron finalmente retirarlas para facilitar la aprobación de la nueva norma, que entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
En su intervención ante el plenario de la Cámara Alta, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Joan Clos, aseguró que la nueva norma será "una herramienta fundamental" para la lucha contra la proliferación de las armas de destrucción masiva y destacó que el texto incorpora al ordenamiento español los compromisos adquiridos en los foros internacionales y refuerza el control parlamentario y la obligación del Gobierno de informar por escrito cada semestre y mediante una comparecencia anual en el Congreso, que, a su vez, tiene la potestad de elaborar un dictamen con recomendaciones para el Ejecutivo de cara a futuras operaciones comerciales.
Clos destacó el hecho de que la regulación sobre exportaciones de armamento se eleve a rango de ley y aseguró que la nueva norma responde a "una demanda política y social" para controlar este mercado, sin perjudicar el comercio legal de armas. En esa misma línea, resaltó que el texto asume los ocho criterios del Código de Conducta de la Unión Europea y recoge el compromiso para promover a nivel internacional la firma de un tratado sobre comercio de armas y la prohibición de las bombas de racimo.
El ministro subrayó que la nueva norma supone "un avance significativo en todos los órdenes" y permitirá a España dotarse de "un sistema sumamente exigente y riguroso" en material de control de armamento.
El titular de Industria expresó la satisfacción del Gobierno por las aportaciones realizadas por todos los grupos durante la tramitación parlamentaria de la norma y resaltó que la misma amplía los controles a todo tipo de armas, incluyendo las de caza y tiro, y regula los acuerdos entre empresas españolas y extranjeras para la producción bajo licencia de productos nacionales.
Todos los grupos parlamentarios manifestaron su valoración positiva de la nueva ley y coincidieron en destacar que supone un avance en el control del comercio de armas y representa una respuesta a una demanda social.
CRÍTICA DEL PP POR NO HABER PODIDO ENMENDAR LA LEY
El portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Defensa, Alejandro Muñoz Alonso, también ensalzó la importancia de la norma y únicamente criticó que el papel de la Cámara Alta en su tramitación se haya tenido que limitar a ratificarla porque el calendario de sesiones no permitía que se realizara ninguna enmienda.
En ese sentido, aseguró que "el Senado es tan representante de la soberanía como el Congreso", subrayó que la imposibilidad de revisar la norma "atenta" contra la dignidad de la Cámara alta y lamentó que la información del Gobierno por escrito y mediante comparencia se limite a la Cámara baja. "Una cosa es que el Senado sea cámara de segunda lectura y otra es que nos resignemos a que sea una cámara de segunda división", afirmó.
Aprobada por el Gobierno el 29 de diciembre de 2006, quince días después de finalizar el plazo que el Pleno del Congreso le otorgó para que elaborara una norma de control de comercio de armas, la Ley de Control sobre Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso actualiza la regulación de las transferencias de acuerdo con los compromisos contraídos por España en los foros internacionales de control y no proliferación.
La norma obliga al Ejecutivo a enviar "semestralmente" al Congreso información por escrito sobre las exportaciones realizadas, incluyendo el país de destino y la categoría "descriptiva" de los productos. Estipula además que el Ejecutivo comparecerá una vez al año por medio del secretario de Estado de Turismo y Comercio y encomienda a la Comisión de Defensa que elabore un informe basándose en los datos facilitados por el Gobierno y con recomendaciones de cara a futuras exportaciones.
El texto obliga a las empresas que solicitan autorización para exportar armas a incluir cláusulas para que dicho material no sea reexportado por el país destinatario, así como información sobre los países de tránsito del material y los métodos de transporte.
Establece además la ampliación de los controles a todo tipo de armas de fuego y recoge los ocho criterios del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas aprobado, así como los contemplados por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para estas operaciones. La nueva ley sustituirá al Real Decreto sobre transferencia de material de Defensa aprobado por el Gobierno el 30 de julio de 2004.