LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Canarias, Salvador García, anunció hoy a Europa Press que se está estudiando presentar un recurso de alzada contra la resolución del Ejecutivo regional por la que se dispone la "inmediata paralización" de las obras de la futura cárcel en la finca de Llanos de Juan Grande, ubicada en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
La Dirección General de Patrimonio del Gobierno canario determinó ayer la recuperación de oficio de la citada finca, propiedad de la comunidad autónoma y, a su entender, "ocupada de forma ilegal" por la entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) para la construcción de un nuevo centro penitenciario en la isla.
Sin embargo, García destacó que "es una necesidad contrastada contar con un nuevo equipamiento penitenciario", y recordó que sobre esta necesidad se negoció entre la Administración general del Estado a través del SIEP y el Gobierno de Canarias, "se avanzó en la negociación y se alcanzó un preacuerdo".
No obstante, "cuando ya sólo se está pendiente de la firma y se ha iniciado el movimiento de tierras, que es una tarea normal en cualquier obra, se cruza en el último tramo la interposición de una resolucón administrativa por parte del Ejecutivo autonómico, que la presentó en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de San Bartolomé de Tirajana", añadió.
En este sentido, anunció que la Delegación del Gobierno central en las islas estudia si procede o no presentar recurso de alzada contra dicha resolución. "Debemos ser respetuosos con el funcionamiento de los mecanismos del Estado de Derecho", apostilló.
Salvador García reiteró su "asombro y sorpresa" ante la decisión del Ejecutivo autonómico, al tiempo que recordó que el consejero regional de Presidencia y Justicia José Miguel Ruano, "reconoció que ése debe ser el emplazamiento y no hay otra alternativa".
De hecho, el delegado reconoció que las cárceles Tenerife II, en la isla tinerfeña, y Salto del Negro, en la capital grancanaria, "tienen problemas de sobreocupación".
MIL PRESOS CANARIOS EN LA PENÍNSULA.
Hay "mil presos canarios dispersos en varias prisiones de la Península y los familiares piden constantemente medidas que favorezcan su aproximación o cercanía al objeto de relacionarse con ellos", subrayó García, que incidió en que "éste es otro factor a tener en cuenta".
El delegado resaltó que el proyecto de la nueva cárcel fue sometido a exposición pública y "superó dos pasos: la aprobación inicial y la provisional, en los que se admitieron alegaciones aportadas por los agentes sociales", por lo que, a su entender, "se han cumplido razonablemente bien los trámites para materializar esta actuación, que es de una clara utilidad pública".
