MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, advirtió hoy al presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, de que su Ejecutivo "debe aceptar" la sentencia que dicte el Tribunal Constitucional sobre el Estatut, porque "no se pueden cuestionar las instituciones", ya que el Alto Tribunal nace, precisamente, para velar por la constitucionalidad de las leyes españolas. Agregó que "hay que acatar las resoluciones judiciales" al margen de que, se "discrepe", y se pueda "ejercer el derecho de crítica".
En declaraciones a Punto Radio recogidas por Europa Press, Bravo manifestó que entiende el "malestar" que produce en los ciudadanos la tardanza en resolver la legalidad del Estatut por parte del Constitucional, ya que les "cuesta entender que después de tres años no esté resuelto".
"Lo deseable sería que tuviésemos ya la resolución a este problema, aunque si bien es cierto que comprendemos la libertad de expresión que cualquier ciudadano puede manifestar, también es necesario garantizar que, tanto el Tribunal Constitucional, como todos sus jueces, puedan trabajar dentro de un marco de tranquilidad y sosiego imprescindible para ejercer sus funciones", subrayó.
Sobre ese tema, respondió al ex presidente del Gobierno, Felipe González, que ayer afirmó que la justicia se mete en líos políticos que no le corresponden, explicando que el tema de la constitucionalidad del Estatut es "un problema jurisdiccional de inconstitucionalidad" cuya competencia corresponde precisamente al Tribunal Constitucional, "que se creó esencialmente para velar por la constitucionalidad de las leyes". "No creo que sea trasladar un problema político al ámbito judicial", remachó.
También reconoció que "a veces la propia incapacidad de los políticos" hace que intenten "que a través de los tribunales" se solucionen problemas exclusivamente políticos. Añadió que "sería deseable" que las cuestiones que no exceden más allá del debate político "pudieran resolverse en el escenario político adecuado".
En otro orden de cosas, eludió calificar el hecho de que el Tribunal Supremo aceptase ayer una querella de Falange Española de las JONS contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, acusándolo de prevaricación al investigar los crímenes cometidos durante el franquismo porque, para Bravo, su "responsabilidad" le exige no hacer ninguna valoración sobre estas cuestiones. Aseguró que confía en Garzón "igual que en el resto de los 4.500 jueces de España".
En relación con el terremoto que devastó Haití este martes, lamentó que "nos acordemos de ese tercer mundo olvidado, cuando la desgracia ha hecho mella tan grande" y espera que "sea una llamada para el primer mundo, para mirar hacia el tercer mundo". Agregó que le produce "una gran consternación y mucha tristeza" porque, "aunque ahora se hable de que todo el mundo trabaje para reconstruir el país, las vidas humanas ya no se van a recuperar".