Su tramitación podría coincidir con la campaña catalana y su aprobación antes de fin de año dependerá de PSOE y las minorías
MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados abrirá a la vuelta del verano el plazo para la presentación de enmiendas a dos proposiciones de ley idénticas que persiguen modificar la ley que rige el Tribunal Constitucional: la tomada ayer en consideración por el Senado a instancias de CiU y Entesa Catalana, grupo que reúne a los tres partidos que conforman el tripartito, y la que la federación nacionalista registró en solitario en la Cámara Baja hace unas semanas.
Se trata de dos iniciativas iguales y que tienen su origen en el pacto alcanzado por PSC, ERC, ICV y CiU en el Parlament el pasado mes de mayo, pero mientras la del Senado lleva la firma de todos estos partidos, la del Congreso sólo cuenta con la de los nacionalistas catalanes que, aunque lo intentaron no lograron recabar la rúbrica de los miembros del tripartito.
La propuesta de Entesa y CiU fue tomada en consideración ayer con el apoyo de todo el Senado, excepto el PP, que votó en contra por negarse a legislar "en caliente" cuando el Tribunal Constitucional está en pleno debate del Estatut, y el senador del PAR, José María Mur, que optó por la abstención.
El Grupo Socialista respaldó tramitar un texto que llevaba la firma de sus compañeros del PSC --que conforman la Entesa junto a ERC e ICV--, alegando que consideran necesario abordar el debate, aunque dejaron abierta la posibilidad de realizar modificaciones en su articulado.
El texto será ahora remitido al Congreso para su tramitación. El primer paso será su calificación por la Mesa de la Cámara Baja, que no tiene previsto mantener una reunión ordinaria hasta que el próximo mes de septiembre arranque el nuevo periodo de sesiones. El órgano de gobierno del Congreso se reunirá la segunda semana de julio, ya en periodo extraordinario, pero previsiblemente sólo analizará cuestiones relacionadas con los asuntos que tramitará la Cámara durante los meses de julio y, en su caso, agosto.
Así las cosas, hasta septiembre no se calificará la iniciativa procedente del Senado ni se abrirá el primer plazo para la presentación de enmiendas, tanto parciales como de totalidad, que, como es habitual será de 15 días.
La iniciativa que CiU, por su parte, fue registrada en el Congreso a finales de mayo y calificada por la Mesa de la Cámara en junio, pero como establece el Reglamento, antes de abrirse plazo de enmiendas fue enviada al Gobierno para que su visto bueno, ya que el Ejecutivo tiene derecho de veto ante aquellas proposiciones de ley consideran que alteran su equilibrio presupuestario por minoración de ingresos o exceso de gasto.
PENDIENTE LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
El Ejecutivo tiene en principio un plazo de un mes para responder, pero dado que julio y agosto son inhábiles a efectos parlamentarios esta contestación puede retrasarse en este caso hasta principios de septiembre. Una vez que el Gobierno confirme que no tiene inconveniente en que el texto se debata, la Mesa del Congreso abrirá el primer plazo para la presentación de enmiendas, que también será de dos semanas.
El recorrido de ambas iniciativas dependerá del grado de acuerdo que alcancen los grupos parlamentarios. Si hay voluntad política, las enmiendas podrían registrarse el mismo mes de septiembre y salvar enseguida el primer debate, que será de totalidad en Pleno, ya que se da por hecho que el PP presentará una enmienda solicitando que la reforma no siga adelante.
En caso de poner fin a los plazos de enmiendas, la tramitación de la reforma en el Congreso coincidiría por tanto con la campaña electoral catalana. Al tratarse de la reforma de una ley orgánica, la aprobación por el Congreso requerirá de mayoría cualificada, concretamente la mitad más uno de los miembros de la Cámara (176 votos, mayoría absoluta).
De la Cámara Baja pasaría al Senado, que dispone de 20 días para su deliberación. Dando por hecho la oposición del PP, la aprobación o no de la reforma antes de fin de año dependerá de la voluntad y el acuerdo del PSOE y las minorías catalanas.
NO MÁS DE SEIS MESES EN FUNCIONES
Entre otros puntos, los dos textos proponen que los magistrados del TC cesen automáticamente de sus cargos una vez que se cumplan seis meses del cumplimiento de su mandato. El objetivo es evitar que se repita la situación actual por la que cuatro magistrados llevan en esa situación desde diciembre de 2007, incluida la presidenta del tribunal, María Emilia Casas.
Además, plantean que el Alto Tribunal cuente con un plazo máximo de seis meses para dictar sentencia sobre los recursos presentados contra las reformas de estatutos de autonomía y que, en caso contrario, los recursos sean desestimados. También reclaman que las sentencias sobre estatutos no puedan ser interpretativas y que para declarar inconstitucional un estatuto o alguno de sus artículos sea necesario un total de ocho magistrados de los doce que componen el alto tribunal.
En una disposición final defienden que la reforma de la LOTC afecte a los recursos contra estatutos que ya estén interpuestos una vez que la nueva legislación entre en vigor, con el objetivo de que estas disposiciones afecten a las deliberaciones sobre Estatut de Cataluña.
