BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat y el Gobierno central han acordado un total de 14 traspasos de competencias en los dos primeros años de vida del nuevo Estatuto catalán, que entró en vigor el 9 de agosto de 2006. A este listado hay que añadir nuevas transferencias que el Estado cederá próximamente a la Generalitat, como la inspección de trabajo.
Pese a ello, siguen los escollos en dos de los ámbitos más emblemáticos del Estatut: el nuevo modelo de financiación autonómica y las infraestructuras, con los traspasos de la gestión de Cercanías y de los aeropuertos secundarios a la Generalitat.
Fue el 9 de agosto de 2006 cuando entró en vigor el Estatut, después de su tramitación en el Parlament, en las Cortes y tras ser refrendado por la ciudadanía catalana. Y es mañana, dos años más tarde, cuando acaba el plazo que contempla el Estatut para que el Estado y la Generalitat acuerden bilateralmente las bases de la nueva financiación para Cataluña, que tiene que entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2009.
Pese a lo establecido en el Estatut en su disposición adicional primera, la fecha del 9 de agosto llega sin que Gobierno central y autonómico hayan cerrado ningún acuerdo de financiación autonómica. El Gobierno central y el PSOE emplazan a otoño para acordar la financiación autonómica, y aseguran que las bases que presentó el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, a mediados de julio, cumplen con el modelo financiero del Estatut.
Todo lo contrario opinan el Govern y CiU, que han optado por hacer un frente común en la materia. Así, mañana escenificarán su unidad en un acto en la sede barcelonesa de la conselleria de Economía y Finanzas, donde participarán representantes de CiU, de los tres partidos del Govern, y el conseller del ramo, Antoni Castells (PSC).
El Govern y CiU coinciden en que el Estatut se incumple si no hay acuerdo en el 9 de agosto. La federación nacionalista, por su parte, quería presentar su propia propuesta de financiación, pero finalmente no lo ha hecho y espera acordar una de conjunta con el Govern, para presentarla conjuntamente a finales de agosto o principios de septiembre, según confirmó el dirigente de CDC Felip Puig en una entrevista de Europa Press.
14 TRANSFERENCIAS EN DOS AÑOS
En estos dos años, la Generalitat y el Gobierno han acordado 14 transferencias, de las cuales 11 corresponden a nuevas competencias que el Estatut da a la Generalitat. Entre las más emblemáticas destacan las relativas a ordenación y gestión del litoral, el traspaso del Hospital Clínic de Barcelona a la Generalitat, la homologación o la convalidación de estudios extranjeros no universitarios.
Otros acuerdos, de menor rango, pasan por dotar de más recursos económicos y materiales al servicio de la Administración de justicia, la relativa a la declaración de utilidad pública y beneficios fiscales para asociaciones y fundaciones; comunicaciones electrónicas; la asignación del ISBN y el ISSN de los libros; o la gestión y el control de las ayudas europeas a los productores del sector agroalimentario.
En la última reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que tuvo lugar en Barcelona el pasado 30 de julio, acordaron transferir la inspección de trabajo, cuyo acuerdo en el marco de la Comisión Mixta de Traspasos tendrá que cerrarse antes del 30 de abril de 2009.
También se acordó avanzar en el traspaso de los permisos iniciales de trabajo a los extracomunitarios, aunque siguen pendientes el de Cercanías y el de becas y ayudas en educación universitaria y no universitaria.
31.000 MILLONES PARA OBRAS PÚBLICAS
Otra de las bazas del Estatut era su disposición adicional tercera, que establece que la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras "se debe equiparar a la participación relativa del Producto Interior Bruto (PIB) de Cataluña" en relación al del Estado.
Dichas inversiones tienen que servir para "liberar peajes o la construcción de infraestructuras alternativas", y también construir otras obras públicas. La Generalitat ya ha presentado al Govern el listado de proyectos a los que quiere que el Estado participe en su financiación.
Según la Generalitat, el Estado tiene que invertir entre 2009 y 2013 más de 31.000 millones en inversiones en Cataluña. En su propuesta, incluye proyectos como el Eje del Pirineo, mejoras en la AP-7 y en la red de Cercanías --con el desdoblamiento de la línea C3 entre Mollet y Vic y su ampliación entre Cornellà y Castelldefels--, el Cuarto Cinturón viario --al que se oponen ICV-EUiA y ERC-- y el ferroviario, o el desdoblamiento de la N-II en la provincia de Girona.
ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
El Parlament ha aprobado, en esta legislatura, varias leyes que desarrollan el Estatut, un total de 16. Entre ellas, la de Servicios Sociales, la de la Agència Tributària de Catalunya, la del Memorial Democrático, la Ley de la Vivienda, la que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, dos leyes más relativas a la gestión de los residuos, o la nueva Ley de Seguridad Industrial.
Se encuentran en fase de tramitación parlamentaria nueve leyes más que desarrollan el Estatut: la de Educación --que por ahora, no cuenta con el apoyo de ICV-EUiA, socio del PSC y ERC en la Generalitat--, la que regulará el cargo de Presidente del Govern, la del Consejo de Garantías Estatutarias, la Ley de Fosas Comunes, la que regulará los lugares de culto, la que creará la Oficina Antifraude, o la que garantirá la calidad del suministro eléctrico.
El Govern también está elaborando una quincena más de anteproyectos de ley que desarrollarán el Estatut, como la del Síndic de Greuges o la ley de Consultas Populares. También se está trabajando desde la conselleria de Gobernación y Administraciones Públicas en dos de los proyectos más emblemáticos que ya figuraba en el 'Pacte del Tinell', el acuerdo que en 2003 rubricaron el PSC, ERC e ICV-EUiA y que les permitió gobernar juntos por vez primera en la Generalitat: la futura Ley Electoral, y la nueva ordenación territorial en 'vegueries', un último asunto que genera polémica en distintas partes del territorio catalán.
PROCESO LARGO Y DIFICULTOSO
El Estatut ya vivió un dificultoso y largo proceso de aprobación. Después de que los partidos catalanes redactasen el texto y CiU y el tripartito lo aprobaran el 30 de septiembre de 2005, posteriormente se tramitó en las Cortes y, a causa de los "recortes" que apreció ERC, los republicanos salieron del gobierno de la Generalitat, presidido por Pasqual Maragall. Finalmente, el Estatut se aprobó en referéndum en junio de 2006, aunque la participación no superó el umbral del 50%.
Luego, en el 1 de noviembre de 2006, se convocaron elecciones autonómicas anticipadas y, aunque CiU reeditó su condición como fuerza más votada, los tres partidos de izquierdas volvieron a sumar y reeditaron un gobierno de coalición, que denominaron 'Govern d'Entesa', presidida por el primer secretario del PSC, José Montilla.
El nuevo Govern de Montilla ha conseguido, durante poco más de un año y medio, el traspaso de 14 competencias aunque, de todas ellas, nueve se desprenden directamente del nuevo Estatut. A todas ellas, hay que añadir distintos acuerdos alcanzados para traspasar nuevas competencias próximamanete --como la Inspección de Trabajo o los permisos iniciales de trabajo para extracomunitarios--.
Además, para cumplir plenamente el Estatut, es necesario que el Estado modifique algunas leyes. Entre ellas, la del poder judicial, el reglamento de extranjería, o la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC). De todas estas leyes, sólo esta última se ha modificado, ya que cuando el alto tribunal se renueve, los miembros en representación del Senado se designarán después de que cada comunidad autónoma haya propuesto dos candidatos.
