SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, criticó hoy ante el Pleno del Parlamento que el PP pretenda atribuir a la administración autonómica una "responsabilidad", a raíz de los hechos ocurridos en Estepona (Málaga), que no le corresponde mientras que el presidente del Grupo Popular, Javier Arenas, consideró que la Junta sí tiene "responsabilidad política" ante esos hechos porque es titular de las competencias en materia de control y disciplina urbanística.
Arenas manifestó que, el caso de Estepona, ha puesto de manifiesto que los "controles urbanísticos" han sido un "perfecto desastre", apuntando que en 1997 la Cámara de Cuentas ya puso de manifiesto las "irregularidades urbanísticas" que se estaban dando en el municipio. Según agregó, la Junta tenía "constancia política y administrativa de lo que pasaba" y ha llegado a decir que la primera denuncia la formuló en 2003. "¿Que pasó desde 1997 a 2003?", preguntó el presidente del Grupo Popular al consejero, apuntando que la administración autonómica siguió aprobando convenios y modificaciones del planteamiento de Estepona, en concreto, más de 60.
Recalcó que la administración autonómica tienen "responsabilidad política" ante lo ocurrido porque las competencias en materia de control y disciplina urbanística están en sus manos, mientras criticó que la Junta haya dicho que se abrieron expedientes, que luego se "olvida de incoar".
Para Arenas, la situación de Estepona se ha convertido "en el desgobierno absoluto" y pidió a Espadas que, como miembro de la Junta, inste al Gobierno de la Nación a que disuelva el Ayuntamiento y se le dé la palabra a los ciudadanos a través de unas elecciones. Según dijo, la regeneración democrática de Estepona sólo llegará si ese municipio tiene un alcalde o alcaldesa como la que actualmente hay en Marbella (Málaga).
Por su parte, Juan Espadas le replicó que el papel de la Junta es colaborar con los ayuntamientos y diputaciones en el ejercicio de las competencias municipales de disciplina urbanística, además de prestar la colaboración que se requiera desde órganos judiciales y desde el Ministerio Fiscal.
Señaló que la Junta mantiene, ante el caso de Estepona, una "absoluta colaboración" con la Justicia, que está en una fase clave de la investigación, y ha expresado su intención de personarse en las actuaciones. Recalcó que, en relación con el municipio de Estepona, se tramitaron 86 denuncias y cuatro impugnaciones, entre otras actuaciones.
Asimismo, indicó que el problema está en que el PP acusa a la Junta de no haber actuado "con diligencia", atribuyéndole una responsabilidad que no le corresponde, de acuerdo con la actual distribución competencial. Dijo que el propio fiscal relacionado con los asuntos urbanísticos ha dicho recientemente que no está de acuerdo con que se atribuya responsabilidad a la Junta.
Tras este debate entre Arenas y Espadas, la portavoz del Grupo Popular, Esperanza Oña, preguntó al consejero sobre el control urbanístico en Estepona, planteándole que aclarara si su departamento tenía alguna "idea" de lo que estaba pasando, ya que si lo sabía y no actuó, su consejería "silencia la corrupción".
Oña recordó ante el Pleno que el propio presidente de la Junta, Manuel Chaves, puso al ex alcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos como modelo de regeneración urbanística. "Si resulta que hay una trama con 26 detenidos y con 86 expedientes desde su consejería, ¿no se le puso la mosca detrás de la oreja que le llevara a pensar que pudiera estar pasando algo?", preguntó Oña al consejero.
Por su parte, Juan Espadas, en su turno de réplica, señaló que cuando Arenas era vicepresidente del Gobierno español "alabó" la gestión de las competencias urbanísticas de la Junta, al tiempo que preguntó al PP cuál cree que debe ser la relación más correcta del Gobierno andaluz con los ayuntamientos en esta materia, apuntando que la administración autonómica actúa de manera subsidiaria ante competencias que son de los ayuntamientos.
