Esto es lo que tienes que saber de la ley de segunda oportunidad

   MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El alza en la inflación, la invasión de Ucrania y los temores por una posible recesión el año que viene ponen a las compañías en situaciones difíciles. Por eso, es necesario que tanto empresas como personas físicas conozcan la Ley concursal y de segunda oportunidad.

   Esta consiste en un mecanismo legal que posibilita a particulares y autónomos deudores volver a negociar una deuda o deshacerse de una parte de las mismas, según explica el despacho de abogados en Granada Muñoz Quesada.

   "Conocer la normativa concursal o de segunda oportunidad en el caso de las personas físicas puede ser fundamental en un contexto adverso como el actual y en el que, a medio plazo, se sigue vislumbrando algo difícil por la guerra de Ucrania y sus consecuencias en la economía y el consumo mundial", señala.

   Se trata de un procedimiento que está regulado por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, y que está pensado para que las personas, tengan o no actividad empresarial, puedan sobreponerse a una situación en la que se incurra en la insolvencia grave o quiebra.

   Todo aquel que quiera acogerse a la ley de segunda oportunidad tendrá que cumplir una serie de requisitos, como contar con una justificación que permita probar que la persona deudora no cuenta con patrimonio suficiente como para afrontar las deudas contraídas, entre otros.

   Además, la cantidad no debe ser superior a cinco millones de euros. Para el despacho, la clave está en buscar asesoramiento legal que se encargue de asesorar y guiar en todo este proceso.

REFORMA DE LA LEY

   El Congreso de los Diputados aprobó la reforma de esta normativa, que aborda nuevos aspectos como la exoneración del crédito público, la asistencia de abogados durante la fase del concurso y la incorporación de un procedimiento especial de micropymes, entre otras modificaciones.

   Asimismo, se incorporan una serie de aspectos como las exoneraciones de hasta 20.000 euros con deudas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

   El proyecto todavía debe tramitarse en el Senado, pero aquí el llamado crédito público es privilegiado en un 100%, según comentan desde Abogados Muñoz Quesada.