Garzón le puso en libertad en abril de 2010 al valorar la "circunstancia humanitaria" que concurría en su caso
MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional revisará este jueves la situación de libertad bajo fianza de 30.000 euros en la que se encuentra el ex secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga desde abril de 2010, cuando fue puesto en libertad por orden del juez Baltasar Garzón para que pudiera cuidar a su madre.
Así consta una providencia hecha pública este miércoles en la que se detalla que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal celebrará una vista a la que tendrá que acudir el propio Usabiaga, su defensa y las acusaciones pública y popular para resolver "la posible modificación de su situación personal".
Díez Usabiaga salió el 26 de abril de la cárcel madrileña de Estremera, donde permanecía encarcelado desde el 16 de octubre de 2009 al intentar reconstituir la ilegalizada Batasuna a través del proyecto 'Bateragune' (Todos Juntos), con la intención de que la izquierda abertzale estuviera presente en las elecciones municipales de 2011.
Se enfrenta a una petición de la Fiscalía de diez años de cárcel y a otra de 14 por parte de la asociación Voces contra el Terrorismo-Verde Esperanza por un delito de integración en organización terrorista.
"CIRCUNSTANCIA HUMANITARIA"
Garzón acordó la libertad de Usabiaga para que pudiera asistir a su madre, que le reclamó como "cuidador" acogiéndose a la Ley sobre la Dependencia, aunque le obligó a enviar al juez cada 15 días "información sobre el desarrollo del cuidado dispensado a su madre, de él dependiente". Además, le prohibió salir del territorio nacional y le impuso dos comparecencias judiciales por semana en el juzgado más próximo a su domicilio, así como la retirada del pasaporte.
El juez, que adptó esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, explicaba en un auto que la situación de prisión del ex dirigente de LAB debía "suavizarse" por la "circunstancia humanitaria" de "índole personal-familiar" que concurría en su caso, en referencia a "la relación de dependencia que su madre tiene respecto del mismo".
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, confirmó esta decisión en junio de 2010 argumentado que el procesado venía "cumpliendo acabadamente" con todas las medidas cautelares que le impuso el juez Baltasar Garzón y que la necesidad de que cuide o no a su madre "tiene un valor relativo".
