ETA-Fiscalía pedirá el próximo viernes 90 años de cárcel para Ibai Beobide por atentar contra la sede del PSOE de Bilbao

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pedirá el próximo viernes 90 años de cárcel para el presunto etarra Ibai Beobide, detenido en febrero del pasado año cuando circulaba en bicicleta en Guipúzcoa, por colocar en 2008 un artefacto explosivo en la sede socialista del barrio bilbaíno de La Peña y causar lesiones a seis ertzainas.

El Ministerio Público considera que Beobide formaba junto con Itziar Moreno Martínez --actualmente en paradero desconocido-- y Oihana Mardaras Orueta --detenida en Francia-- el comando 'Basakatu' de la banda terrorista ETA. Este grupo decidió colocar el 17 de abril de 2008 una bomba, oculta en una maleta en la que figuraba la leyenda 'Peligro bomba', en la entrada de la sede del PSOE-PSE.

Una patrulla de la Ertzaintza localizó la maleta sobre las 4.56 horas de ese día y, media hora después, una llamada telefónica en nombre de ETA advirtió a la Asociación de Ayuda en Carretera DYA sobre la colocación del artefacto en la Casa del Pueblo y sede socialista del barrio de La Peña. La bomba estalló a las 6.00 horas dejando heridos a seis agentes.

El fiscal Pedro Martínez considera que los hechos son constitutivos de un delito de estragos terroristas y seis de lesiones terroristas, por los que pide 90 años de prisión por las lesiones causadas a seis personas y una indemnización de 306.769,31 euros por los daños materiales ocasionados. Asimismo, reclama 105.825 euros para los agentes heridos.

ACCIÓN DE HOMENAJE A UN ETARRA DETENIDO

Además, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal juzgará el lunes y el miércoles a los presuntos etarras Alberto Marin Echevarria, Alexander Gorka Bustinduy Urresola y Gaizka Astorkizaga Arriaga por depositar el 26 de febrero de 2009 un explosivo en una entidad bancaria ubicada en el número 49 de la avenida Madariaga del barrio bilbaíno de Deusto.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Miguel Ángel Carballo pide para cada uno de los acusados 19 años de cárcel por integración en banda armada y colocación de artefacto explosivo.

Mantiene que los tres acusados acordaron aquel día llevar a cabo "una acción en homenaje" al etarra Alex Acarregi, detenido un día antes en Francia. Con los rostros ocultos por capuchas, depositaron a las 23.31 el artefacto que, si bien no llegó a hacer explosión, podría haber causado "consecuencias letales" al no haber habido reivindicación ni aviso previo sobre su colocación.

El representante del Ministerio Público destaca que el artefacto es similar a los que habitualmente se colocan los actos de 'kale borroka' y que los agentes encontraron muestras de ADN de Alberto Marín Echevarría, alias 'Rupi', y Gaizka Andoni Astorkizaga, 'Fito', en guantes y prendas halladas en las cercanías del lugar de los hechos.

En los registros practicados en los domicilios de los acusados, los agentes localizaron cartas remitidas a presos de ETA, vídeos de Marin Echevarría quemando una bandera de España al grito de 'Gora ETA', fotografías del edificio donde reside la diputada de UPyD Rosa Díez y material relacionado con Segi. Además, los agentes intervinieron un pasaporte de Venezuela a Gorka Bustinduy, 'Alex', y constataron que éste y Alberto Marín se reunieron con familias de miembros de ETA.

ATENTADO EN NAVARRA

Por otra parte, la Audiencia Nacional sentará el jueves en el banquillo a los etarras Andoni Otegui y Oscar Celarain por la colocación de un artefacto explosivo, compuesto por 2,5 kilos de titadyne, en una sucursal de la Caja de Ahorros de Navarra de la localidad de Lecumberri.

El fiscal Pedro Bautista pedirá sendas penas de 15 años de cárcel por un delito de estragos terroristas y el pago de una indemnización que asciende a 61.702, 43 euros por los desperfectos ocasionados en la sucursal bancaria.

Según su escrito de conclusiones provisionales, Andoni Otegui y Oscar Celarain hicieron estallar la bomba el 25 de julio de 2001 en la entidad bancaria, causando importantes daños materiales y poniendo en peligro la vida de los viandantes, vecinos de los inmuebles colindantes y agentes que trataron de desactivarlo.