MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció hoy su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo la absolución del etarra Urtzi Murueta Gondra, juzgado en febrero pasado por proporcionar datos a un miembro de ETA para asesinar el 7 de noviembre de 2001 al juez de la Audiencia Provincial de Vizcaya José María Lidón.
En un escrito remitido a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que dictó la sentencia absolutoria la semana pasada, el Ministerio Público considera que el tribunal no se pronunció sobre "el valor probatorio de todos los elementos incriminatorios que existían en la causa" para corroborar la declaración del también etarra Orkatz Gallastegui Sodupe, condenado a 26 años de cárcel por estos hechos.
Éste reconoció ante la policía que elaboró la información sobre el magistrado por orden de Murueta, aunque luego se retractó en el juicio y aseguró que hizo estas manifestaciones bajo torturas.
La Fiscalía señala en su informe que durante el juicio no se valoró el informe pericial presentado a petición de la fiscal Blanca Rodríguez, que solicitó una pena de 30 años de cárcel por un delito de atentado terrorista en concepto de colaborador necesario.
En concreto, uno de los peritos policiales certificó durante la vista la pertenencia a ETA del acusado a través de una carta incautada a la banda por la policía francesa. En esta misiva, un miembro terrorista recién ingresado en la organización comunicaba a sus superiores que Murueta ya le había "encargado información de matrículas de varios coches de policía".
UN SOLO TESTIMONIO NO ES SUFICIENTE
El tribunal justificó la absolución del acusado en la existencia de un único testimonio inculpatorio, en referencia a la declaración ante la policía de Gallastegui. La sentencia acredita que "un miembro de ETA se encargó de llevar a Orkatz hasta las proximidades de domicilio del magistrado y de indicarle él mismo quién era la persona sobre la que debía hacer la vigilancia", aunque no puede acreditar que ese integrante de la banda fuera Murueta.
Según la Sala, en la que actuó como ponente el magistrado Guillermo Ruiz-Polanco, la declaración autoinculpatoria de Gallastegui es "suficiente" para justificar su condena pero no la de Murueta, ya que no existen en la causa "hechos de alguna objetividad mínimamente acreditados que vengan a respaldar la verosimilitud, sin sombra de duda, de la inculpación".
La puesta en libertad de Murueta, que se encontraba en la prisión de Fontcalent (Alicante), se produjo el pasado 3 de junio después que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal le comunicara su absolución.
DECLARACIÓN DE LA VIUDA
Durante el juicio, la viuda del juez Lidón, Maria Luisa Galarraga, relató el momento en el que dos etarras entraron en el garaje de su casa y tirotearon al magistrado en su presencia y la de su hijo. "Me quedé atónita, no supe reaccionar", declaró la mujer cuando recordó que en la mañana del 7 de noviembre de 2001 un hombre entró por sorpresa en el garaje de la familia y comenzó a disparar. "Después, un segundo terrorista salió de detrás de una columna y también comenzó a disparar", explicó.
"Mi hijo empezó a gritar y se abrazó a mi", prosiguió María Luisa Galarraga, quien añadió que, tras el tiroteo y con el cuerpo de su marido tendido en el suelo, "el segundo terrorista comenzó a correr, parecía desconcertado". "Al saltar la valla para huir se giró y nos miró como asombrado", concluyó.
Además de los 30 años de cárcel, el Ministerio Público solicitó a Murueta el pago de una indemnización de un millón de euros para los herederos del fallecido.
DETENIDO TRAS EXPLOTARLE UN ARTEFACTO
Murueta Gondra, condenado en 2004 a seis años de cárcel en Francia por asociación de malhechores y otros delitos, fue extraditado por las autoridades francesas el 11 de septiembre de 2007 para ser juzgado por su supuesta participación en el asesinato del juez Lidón. El 20 de noviembre de 2002 fue detenido en la localidad francesa de Limoges tras tener que ser hospitalizado para ser atendido por las heridas que le provocó la explosión de un artefacto que, al parecer, estaba manipulando.
En el hospital, al que llegó portando una pistola del calibre 9 mílimetros parabellum, fue sometido a una intervención quirúrgica en una mano y una pierna. En el momento de producirse el crimen de Lidón, Murueta se encontraba en libertad bajo fianza tras haber sido procesado por varios episodios de violencia callejera.