El jueves comenzará la vista contra 12 acusados de una veintena de actos de 'kale borroka' entre 1994 y 1997
MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará el próximo viernes al ex alcalde y a ocho ex concejales de Batasuna en Zaldibia (Guipúzcoa), para quienes la Fiscalía pide un año y medio de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo, acusados de nombrar hijo predilecto de la villa a Hodei Galarraga, natural de esta localidad, quien resultó muerto en septiembre de 2002 al estallarle el artefacto explosivo instalado en el vehículo que conducía y con el que tenía previsto atentar.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Juan Moral señala que todos los acusados adoptaron el acuerdo municipal de homenajear a Galarraga dos días después de que éste falleciera a consecuencia de la explosión. Galarraga falleció junto al también presunto miembro de ETA Egoitz Gurrutxaga Gogorza en el barrio bilbaíno de Basurto, cuando ambos se dirigían a colocar el coche-bomba en algún objetivo previamente concertado.
Según el fiscal, todas estas circunstancias fueron "tenidas en cuenta de forma decisiva para adoptar el acuerdo municipal", que también incluía colocar la ikurriña de la casa consistorial a media asta y con crespón negro, en señal de duelo. Además, los miembros de la corporación municipal decidieron hacerse cargo de los gastos económicos derivados del fallecimiento de su vecino.
Los acusados son José Joaquín Zubeldia Aramburu, Oroitz Etxabe Nazabal, Aitor Jauregi Amondarain, Iñaki Gurrutxaga Cacho, Magdalena Hernández Irastorza, Agustín Múgica Yarza, Ramón María Sukia Esnaola, José Ramón Muru Extabe y Ustaritz Ormaetxea Irastorza.
El representante del Ministerio Público considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo, por lo que procede imponer a cada uno de los acusados un año y seis meses de prisión, además de la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
'KALE BORROKA'.
Además, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará el próximo jueves el juicio contra contra 12 acusados de perpetrar 22 acciones de 'kale borroka' (violencia callejera) entre junio de 1994 y enero de 1997 en el País Vasco y Navarra. El fiscal solicita para ellos penas de entre 9 y 58 años de cárcel.
El inicio de este juicio había sido señalado inicialmente en la Audiencia Nacional el pasado 22 de septiembre, aunque no pudo celebrarse porque la abogada del principal acusado, Joseba Mirena Higuera García, alias "El Abuelo", alegó no había tenido tiempo de estudiar el sumario con su cliente.
El tribunal aplazó la vista al considerarlo "absolutamente necesario" para garantizar el derecho de defensa de "El Abuelo". La abogada de Higuera García, procedente del turno de oficio, había sido designada apenas unos días antes del comienzo inicial del juicio, debido a que el letrado que se había encargado hasta entonces de su defensa había renunciado
El fiscal Vicente González Mota solicita penas entre los 9 y los 58 años de prisión para los procesados, a los que acusa de cometer 22 actos de 'kale borroka', entre ellos, el lanzamiento de 'cócteles molotov' contra un coche de la Policía, por el que dos agentes resultaron heridos, uno de ellos muy grave. El Ministerio Público les imputa delitos de colaboración con banda armada, lesiones terroristas, tenencia ilícita de armas, tenencia de sustancias explosivas, daños, estragos e incendio.
Joseba Mirena Higuera García, alias "El Abuelo" se enfrenta a 58 años de cárcel por todos los delitos anteriores con la agravante de reincidencia, salvo el de lesiones terroristas. En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal considera que actuaba como "responsable externo" o "dinamizador" de los "grupos Y", que cometían las acciones de 'kale borroka' siguiendo instrucciones de ETA para crear un "clima de inseguridad colectiva".
Según el Ministerio Público, "El Abuelo" era el encargado de reclutar jóvenes para las acciones violentas, les proporcionaba material e instrucción para cometerlas, fijaba objetivos y reivindicaba los actos de 'kale borroka' ante el diario 'Egin'.
En el registro de su domicilio, la Policía se incautó de multitud de materiales para confeccionar artefactos explosivos, como 'cócteles molotov' o 'napalm casero', una escopeta, un revólver de perdigones o tacos de madera con punta metálica para confeccionar "cohetes-flecha".
Asimismo, el fiscal pide 43 años de prisión para Alberto Pio Oyaga, quien supuestamente también actuaba como "dinamizador", ordenando y planificando las acciones violentas, y encargándose de fabricar y almacenar los 'cócteles molotov'. También Carlos Iñigo Blasco, para quien solicita 15 años de cárcel, se ocupaba de ocultar materiales para los explosivos en un lugar accesible para los procesados.
Entre los actos de los que les acusa el fiscal se encuentra el lanzamiento de cócteles molotov en septiembre de 1996 contra un vehículo de la Policía Nacional de Pamplona. Los dos agentes que se encontraban dentro del coche resultaron heridos. Uno de ellos sufrió quemaduras de segundo grado en el 13% de su cuerpo, que precisaron 170 días para curar y le dejaron numerosas cicatrices. Como resultado de las heridas y del daño psicológico, el agente sufrió incapacidad permanente para ejercer su profesión.
También se les imputa el incendio con 'cócteles molotov' de dos camiones de TVE, también en Pamplona, cuando dos vigilantes jurados custodiaban los vehículos, alcanzando a uno de ellos uno de los artefactos arrojados sin producirle lesiones.
Otros ataques por los que el fiscal acusa a los procesados se dirigieron contra la Comandancia de Marina de San Sebastián, autobuses urbanos, vehículos policiales, cabinas telefónicas, cajeros automáticos y sedes bancarias.
