BRUSELAS, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) se pronunciará el próximo martes 27 de febrero sobre la petición de indemnizaciones presentada por Gestoras Pro Amnistía y Segi por estar incluidas desde 2001 en la lista de organizaciones terroristas de la UE como satélites de ETA, según informó el Tribunal a través de un comunicado.
Gestoras y Segi recurrieron su inclusión en 2002 ante el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo y pidieron que se condenara a la UE a pagar a cada asociación un millón de euros y a cada portavoz 100.000 euros en concepto de indemnización por el daño supuestamente sufrido.
El Tribunal de Primera Instancia rechazó los recursos mediante un auto en junio de 2004 por considerarse incompetente para resolver, por lo que Gestoras y Segui acudieron a la instancia superior, el Tribunal de Justicia, para que se pronuncie.
El abogado general del TUE, Paolo Mengozzi, recomendó en octubre de 2006 que se rechace el recurso de Gestoras y Segui. A su juicio, las disposiciones del Tratado UE no contemplan un recurso para la indemnización de los daños eventualmente causados por la inclusión en la lista de organizaciones terroristas, y descartan que un juez comunitario pueda conocer de un recurso de este tipo.
No obstante, el magistrado reconoció que los recurrentes tienen derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos que consideran lesionados por su inclusión en la lista terrorista. Esta tutela se encuentra, según Mengozzi, en los tribunales nacionales y no en el tribunal de la UE, que en ningún caso puede considerarse competente para conocer de los recursos por indemnización de daños.
El abogado general pidió que, en aras del respeto y de la tutela judicial de los derechos fundamentales, la sentencia del Tribunal de Justicia reconozca explícitamente la competencia de los jueces nacionales sobre este caso.
También admitió que la solución de la competencia de los jueces nacionales para conocer de recursos por indemnización de daños como el de Gestoras y Segi plantea "inconvenientes" en lo que respecta a la aplicación uniforme del derecho comunitario y de seguridad jurídica. A su juicio, estos inconvenientes deberían resolverse mediante una ampliación de competencias del TUE.
La opinión del abogado general no vincula al Tribunal de Justicia, pues su función consiste en proponerle, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa, aunque los jueces siguen su dictamen en la mayoría de los casos.
Antes de recurrir al Tribunal de Primera Instancia, Gestoras Pro Amnistía y Segi solicitaron al Consejo de la UE tener acceso a los documentos en los que éste se basó para incluirlas en la lista terrorista. La secretaría del consejo les transmitió una serie de documentos sobre el funcionamiento de la lista.
Considerando que tales documentos no les concernían específica y personalmente, las dos asociaciones formularon una nueva solicitud al Consejo, que fue rechazada por esta institución mediante escrito de 21 de mayo de 2002, en el que se destacaba que la información necesaria para la confección de la lista terrorista había sido restituida a las delegaciones nacionales interesadas. A raíz de este rechazo, acudieron al Tribunal.
