MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La etarra María Belén González Peñalva, alias "Carmen", reclamó hoy en el juicio que celebró la Audiencia Nacional contra ella por el atentado en la plaza República Argentina, en Madrid, que "se garanticen los derechos de las naciones existentes en el Estado español", subrayando que la "única vía es el diálogo y la negociación política".
"Les interpelamos para que de una vez por todas realicen una transición en clave democrática y se garanticen los derechos de las naciones existentes en el Estado español. La única vía es el diálogo y la negociación política", manifestó "Carmen" en su derecho a la última palabra, a pesar de que al inicio del juicio se negó a declarar al no reconocer "la legitimidad del tribunal para juzgar a los militantes vascos".
González Peñalva, que fue miembro del "comando Madrid" en los años 80 y formó parte de la delegación de ETA que durante la tregua de 1998 se reunió con los enviados del Gobierno de Aznar a Suiza, se sentó en el banquillo de los acusados para ser juzgada por su participación el 8 de septiembre de 1985 en este atentado, en el que resultó muerto un ciudadano norteamericano y heridos 16 miembros de la Guardia Civil y dos transeúntes. Se trató del primer atentado de ETA con coche bomba en Madrid.
Durante el juicio, el fiscal Ignacio Gordillo pidió al tribunal que condene a González Peñalva a 485 años de prisión según el Código Penal de 1973, al considerar acreditado que cometió los delitos de atentado en concurso con asesinato, asesinato consumado y 17 frustrados. Además, pidió al tribunal que si se tipifican los hechos conforme al Código vigente, la pena a imponer sería de 390 años de cárcel.
El fiscal solicitó que se prohíba a la etarra en el plazo de cinco años, una vez sea excarcelada, acercarse a sus víctimas y reclamó también al tribunal que indemnice con 540.900 euros a los familiares de Eugene Kenneth Brown y con cantidades que oscilan entre los 3.065 euros y los 617.000 euros.
Por su parte, el abogado de la acusación popular que ejerce la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Carlos Rodríguez, solicitó la misma petición fiscal, al argumentar que la banda terrorista buscaba causar el mayor número de muertos posibles por el lugar en el que se colocó el coche bomba.
DECLARACIÓN INCRIMINATORIA
En su informe, el fiscal basó su petición de condena en la declaración prestada por el etarra arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa, quien reconoció ante el tribunal la participación de "Carmen" en el atentado. Soares Gambo explicó que el "comando Madrid" decidió atentar contra la Guardia Civil, siguiendo órdenes de la dirección de la banda terrorista.
Soares Gamboa señaló que González Peñalva participó en el secuestro de un taxista, junto con el también miembro del comando José Ignacio De Juana Chaos, y colaboró a cargar un vehículo sustraído en San Sebastián con explosivos para colocarlo en la plaza República Argentina.
Relató que el día del atentado la procesada tuvo que ocultarse en un piso franco de ETA en Madrid porque la Policía la había identificado, por lo que no participó en la detonación del artefacto. Apuntó que tras estacionar el vehículo junto a la plaza, De Juana activó el artefacto, compuesto por 8 kilos de amonal y 2 de tornillería y metralla.
De Juana tendría que haber comparecido hoy como testigo, pero su delicado estado de salud por la huelga de hambre que mantiene desde noviembre le impidió trasladarse a la Audiencia Nacional. Precisamente, este tribunal ordenó la semana pasada embargar los derechos de autor del etarra por la publicación de varios obras en la editorial 'Txalaparta' para hacer frente a las indemnizaciones que se le impusieron en concepto de responsabilidad civil por este atentado.
El fiscal también aludió a la declaraciones policiales prestadas por la también integrante del "comando Madrid" ya condenada Inés del Río Prada en la Comisaría General de Información, en Madrid, y en dependencias judiciales. En el juicio, Del Río manifestó que no recordaba "con exactitud" dichas manifestaciones y aseguró que fueron inducidas por la Policía.
EMOTIVO TESTOMINIO
El fiscal Gordillo también se refirió en su informe al emotivo testimonio prestado en la sesión por varios guardias civiles que aquel día resultaron heridos. Resaltó que "a 16 jóvenes de la Guardia Civil a quienes ETA quiso matar les han destrozado la vida" y subrayó que "muchos de ellos hoy están incapacitados". "En vida, les han matado. Y eso es lo que querían", sentenció.
Durante su testimonio, la mayoría de los guardias civiles quisieron prescindir de la protección visual que ofrece la Sala en estos casos para "poder ver a la persona" que ese 8 de septiembre de 1985 "les intentó matar". Pese al tiempo transcurrido, todos ellos padecen hoy secuelas físicas y psicológicas a causa de la explosión, que les sorprendió cuando se dirigían a la Embajada de Estado Unidos para realizar el relevo del turno de vigilancia.
"La sensación tras la explosión fue como una gran llamarada de fuego que se metió en la cabeza y como si se extrajera el aire de los pulmones. Hay momentos en los que no se sentía nada porque no se podía reaccionar", relató con voz temblorosa uno de los guardias civiles, quien explicó que en ese momento se encontró cubierto con la sangre de sus compañeros.
Otro de ellos recordó que cuando tuvo lugar la explosión creyó ver "a Pedro Botero en la puerta del infierno", pero instantes después se percató de que se trataba de "un compañero que estaba ardiendo". Otro guardia civil señaló que tras la explosión "no veía por la sangre que tenía en los ojos ni oía porque tenía los tímpanos destrozados". Su reacción entonces fue coger su arma reglamentaria y abrir un abanico de fuego ante el temor de que los terroristas les "ametrallaran" para "rematarles".
Al concluir uno de los testimonios de los guardias civiles, varias personas del público comenzaron a aplaudir, pero seguidamente el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, les llamó la atención. Acto seguido, uno de ellos se levantó y le replicó: "Este es un héroe y esa una asesina", señalando a la procesada.
