Pide incluir a terroristas que hubieran muerto en una "ejecución extrajudicial" de las FCSE y excluye a fallecidos al preparar bombas
VITORIA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
El director de Derechos Humanos del Gobierno vasco en la pasada legislatura, Jon Landa, ha cifrado en una horquilla de entre 100 y 200 muertos el número de víctimas por abusos policiales que se habrían cometido entre 1968 y 2010, tras lo que ha asegurado que en esta categoría no puede incluirse a terroristas fallecidos al manipular bombas o en el transcurso de un tiroteo "fortuito" con la Policía.
Landa, director de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, ha comparecido este miércoles ante la ponencia del Parlamento autonómico que estudia los casos de vulneraciones de derechos humanos cometidos por fuerzas policiales o parapoliciales.
El director de Derechos Humanos del Gobierno vasco durante el mandato de Juan José Ibarretxe ya elaboró en aquella época un censo de este tipo de víctimas. No obstante, este listado no se empleará para el reparto de las subvenciones que se contemplarán en el decreto que prepara el Gabinete de Patxi López para los casos de este tipo ocurridos entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1978.
PIDE CONTEMPLAR TODOS LOS ABUSOS POLICIALES Y PARAPOLICIALES
En una rueda de prensa ofrecida tras su comparecencia, Landa ha lamentado que el ámbito del decreto que prepara el Gobierno se "restrinja" a las vulneraciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la lucha contra ETA. En su opinión, deberían contemplarse todos los abusos cometidos por fuerzas policiales o parapoliciales.
También ha criticado que, en los borradores del decreto a los que ha tenido acceso, tan sólo se hable de compensaciones económicas para damnificados con daños "permanentes", lo que excluiría a personas que fueron maltratadas, pero que se recuperaron de sus heridas.
TORTURA
En este punto, ha subrayado la necesidad de "un discurso fuerte" de la Administración en contra de la tortura, ya que, en este campo, siempre se ha guiado por una actitud de "negacionismo". "Tiene que haber un reconocimiento del daño causado", ha añadido.
Asimismo, y dada la trascendencia del asunto al que se refiere el decreto que prepara el Gobierno autonómico, ha considerado que ésta es una materia que debería regularse por Ley. También ha advertido de que, si esta norma se limita a establecer unas indemnizaciones, sin plantear otras vías de reconocimiento o reparación, será un texto "errado".
COMISIÓN "INDEPENDIENTE"
Respecto a la comisión que ha de encargarse de precisar cuáles deben ser los beneficiaros de las ayudas, ha propuesto que sea un organismo "independiente, fuerte y con recursos", dado que, de otra forma, no tendría la "credibilidad" necesaria. Landa ha afirmado que el Ejecutivo "no puede tener la última palabra" sobre la designación de los integrantes de dicha comisión.
También se ha referido a la polémica en torno a cuáles deberían ser los supuestos concretos que se recojan en el decreto. El ex director de Derechos Humanos ha propuesto que se establezca una definición "abierta" de los abusos susceptibles de ser reparados, de forma que, posteriormente, sea la mencionada comisión la que adopte una decisión sobre las peticiones de ayudas que se reciban.
En todo caso, ha asegurado que el texto debería asegurar la reparación para víctimas de torturas y para familiares de personas fallecidas como consecuencia de la actuación de fuerzas policiales o de grupos parapoliciales "en connivencia" con el Estado.
Landa ha precisado que, en todo caso, se trataría de muertes "intencionales". En ese sentido, ha coincidido con la postura del Gobierno vasco, al considerar que no pueden incluirse en esta categoría a terroristas fallecidos al explotar la bomba que manipulaban.
"EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL"
En el caso de los miembros de ETA fallecidos por disparos de la Policía, se ha mostrado partidario de excluir del decreto a los que murieron en un tiroteo "fortuito" y con intercambio de disparos. Por el contrario, ha considerado que sí habría que incluir a terroristas que pudieran haber muerto en una "ejecución extrajudicial" por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
En opinión de Landa, entre 1968 y 2010 podrían haberse producido entre 100 y 200 muertos, y entre 600 y 800 heridos como consecuencia de abusos de fuerzas policiales y parapoliciales.
