Ratifica que las escuchas telefónicas atestiguan la implicación de los doce acusados en el delito de narcotráfico
VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El inspector de la Policía Nacional que entre 1996 y 2002 estuvo al mando de la Brigada de Estupefacientes en la capital vallisoletana afirmó hoy que los Romero-Larralde, cinco de cuyos miembros están siendo juzgados en la Audiencia Provincial por tráfico de drogas junto a otros siete acusados más, eran conocidos como los 'Charlines' de Valladolid y mantuvo, sin ningún género de duda, que los 'pinchazos' telefónicos realizados en el curso de las investigaciones corroboraron la implicación de todos los procesados en el delito de narcotráfico.
Durante su declaración, el inspector de policía y ex jefe del grupo antidroga fue detallando el seguimiento realizado a la familia Romero-Larralde desde finales de los 80 cuando sus miembros residían en el hoy desaparecido poblado de La Esperanza y tras tener entonces conocimiento de que Miguel ('Monchín') "era el mayor traficante de un clan al que algunos llamaban ya los Charlines de Valladolid".
Dicha afirmación provocó un pequeño rifi-rafe entre el declarante y el aludido, quien espetó al primero "¡eso lo dices tú, di la verdad!", a lo que el funcionario policial respondió de la siguiente forma: "¡Lo digo y lo mantengo!". El cruce de palabras entre testigo y acusado fue rápidamente cortado por el magistrado presidente de la Sala, quien amenazó a 'Monchín' con ordenar su desalojo si volvía a interrumpir la declaración del policía.
Este último, a preguntas de la acusación pública, hizo entonces una síntesis de distintas operaciones policiales efectuadas desde el año 92, todas ellas dirigidas a pillar a los 'Monchines' con pruebas que certificaran que la "fortuna que estaban amasando", como así se desprendía de los chalés que adquirieron, las joyas, los importantes ingresos bancarios y los vehículos de lujo que utilizaban, procedían de la venta de sustancias estupefacientes.
ELLOS NO TOCABAN LA DROGA
Aunque la policía no logró detener a los 'Monchines' con mercancía en ninguna de las operaciones realizadas, ya que "ellos no tocaban la droga y utilizaban para ello lacorrillos, lacayos y correos", tal y como reconoció el mando policial, en 1992 y 1995 el Grupo de Estupefacientes efectuó dos intervenciones que se saldaron con la detención de tres personas, supuestamente conectadas con el clan, y la incautación de un total de 4 kilos de heroína.
En la primera intervención el detenido era un correo procedente de Bilbao que llegó a Valladolid en un coche con la intención, presuntamente, de proveer al clan vallisoletano de 2 kilos de heroína. Fue detenido, junto a otra persona, en el bar 'La Espuela' de la capital, aunque sin que llegara a entregar la droga a sus destinatarios.
"La impresión que tuvimos entonces es que 'Monchín' estuvo todo ese día intentando contactar con el correo", aseguró el entonces jefe del grupo antidroga, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, apuntó que en la segunda operación el correo, al que se ocupó la misma cantidad, fue detenido en una gasolinera de Mojados (Valladolid) cuando regresaba de Madrid al barrio de La Esperanza. "Teníamos también la evidencia de que era un correo de Monchín, pero tampoco pudimos demostrar la relación", se lamentó el testigo.
Ni siquiera en otra operación realizada en febrero de 1998 en Geria (Valladolid) se pudo sorprender a 'Monchín', y ello pese a que se contaba con la colaboración de un testigo protegido que había alertado de que en dicho escenario se preparaba una entrega de 50 kilos de cocaína. Ese día se detuvo a diez personas, entre ellos al propio Miguel Romero-Larralde, si bien no apareció rastro de droga.
JERGA DE DESPISTE
El cerco policial sobre este clan y sus colaboradores se fue estrechando cuando en el año 99 el Juzgado de Instrucción número 5 autorizó 'pinchar' el teléfono móvil de 'Monchín' y luego el de otro de los acusados, Francisco G.D. ('Rebusca'), cuyas conversaciones comenzaron a poner al descubierto una serie de términos o jerga que los sospechosos utilizaban para no mencionar textualmente la droga.
Palabras como 'bedo', 'beda', 'cochecillo', 'furgonetilla', 'cachorras', 'chisme' y 'chisma' comenzaron a ser una constante en las conversaciones de 'Monchín' y 'Rebusca', en las que salieron también a relucir los nombres del resto de los acusados, entre ellos los hermanos Joaquín ('Joaqui') y Angel ('Gele') E.E, residentes en Madrid, propietarios de un negocio de venta de coches de segunda mano utilizado como tapadera y supuestos proveedores de droga del clan vallisoletano.
El ex responsable del Grupo de Estupefacientes también desveló que los 'Monchines', tras tener conocimiento de que el teléfono de Miguel había sido 'pinchado', llegaron a ofrecer 30.000 euros a quien les facilitara el nombre de la persona que se había ido de la lengua y había facilitado el número a la policía.
La desarticulación de la supuesta red se produjo el día 19 de enero de 2000 con la detención inicial del matrimonio formado por Eduardo G.G. ('Maradona') y su mujer Asunción G.H, quienes, presuntamente, se desplazaron a Valladolid desde Zaragoza con otro de los acusados, Miguel G.M, para entrevistarse con 'Rebusca' y proveerse de droga, para lo cual acudieron en posesión de 4 millones de las antiguas pesetas que la esposa del primero llevaba adosados a la cintura.
En el registro posterior efectuado en el domicilio de 'Rebusca', sito en el número 2 de la calle Halcón, la policía intervino 993,30 gramos de heroína y 2.382 gramos de cocaína bajo el colchón de una cama. Tras ello, la policía fue deteniendo al resto de los supuestos implicados, hasta completar los doce que desde el pasado día 1 se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial y cuyo juicio proseguirá, en principio, hasta el próximo día 5 de marzo.
Inicialmente, el fiscal solicita para ellos penas que en su conjunto se elevan a 168 años de cárcel y el pago de multas por valor de 2.472.000 euros, mientras que la Coordinadora Contra el Narcotráfico de Pajarillos, personada como acusación popular, eleva su petición de privación de libertad a 195 años y las multas a 2.868.274 euros.
