El ex portavoz de Unió Mallorquin abona la fianza de 100.000 euros que le permite eludir la cárcel

PALMA DE MALLORCA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex diputado de Unió Mallorquina (UM), Bartomeu Vicens, abonó hoy, a través de uno de sus abogados, Jaime Campaner, la fianza de 100.000 euros que el juez instructor del caso Son Oms en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antonio Federico Capó, impuso ayer al parlamentario y con la que ha eludido ingresar en prisión preventiva.

Así lo confirmaron hoy fuentes judiciales a Europa Press, que señalaron que Campaner acudió a primera hora de la mañana al TSJIB para pagar la fianza, a través de una transferencia bancaria, entregando el resguardo de ingreso en torno a las 9.00 horas.

Vicens contaba con 24 horas desde el mediodía de ayer para abonar el dinero, después de que el magistrado Federico Capó, dictase libertad provisional con fianza de 100.000 euros, frente a los 800.000 que pedía la Fiscalía Anticorrupción para el diputado, principal imputado en el caso de presunta corrupción urdida en los noventa en torno a la recalificación del polígono palmesano, aprobada por el Consell de Mallorca en 1999.

El auto que le entregó ayer el juez determina que le está prohibido abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial, para lo cual se le requerirá la entrega del pasaporte, que no podrá serle expedido de nuevo mientras dure esta medida cautelar. Vicens también deberá presentarse los días 1 y 15 de cada mes en la secretaría de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB, excepto al coincidir con sábados y festivos, en que deberá hacerlo ante el Juzgado de Guardia.

Por otro lado, el juez dictó un segundo auto donde se establece otra fianza de 8,1 millón de euros en concepto de responsabilidad civil derivadas de las condenas a las que podría enfrentarse el diputado por los delitos cometidos, pago que de no abonarse supondría el embargo del patrimonio de Vicens.

En concreto, los delitos por los que está imputado son los de falsificación de documento mercantil, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y estafa continuada, que podrían suponer una pena de hasta 19 años de cárcel. Es por esta circunstancia que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba prisión preventiva sin fianza, a fin de evitar un posible abandono de la isla por la gravedad de los delitos, o como alternativa cárcel con fianza de 800.000 euros.