El ex titular de Justicia de Aguirre niega "rotundamente" que ordenase espionajes y apela a "depurar responsabilidades"

LONDRES 1 Feb. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Eva Martínez Millán) -

El ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada negó hoy "con rotundidad" haber ordenado "seguimientos, dossieres" o cualquier otra "labor que no fueran las del departamento" que ostentó hasta la última remodelación de la presidenta, Esperanza Aguirre, tras haberse visto implicado en la supuesta trama de espionaje en la Administración autonómica.

En declaraciones a los medios de comunicación en Londres, donde tomó parte en el congreso de constitución del PP de Reino Unido, Prada reconoció la gravedad del caso, en el que se ha visto implicado como uno de los presuntos promotores, así como de las víctimas, con supervisiones de sus movimientos que atañeron, incluso, a su familia.

Por ello, confirmó haber trasladado la cuestión a la Fiscalía, donde espera que se "depuren las responsabilidades que se tengan de depurar, si finalmente se demuestra la existencia de delito" en los registros en los que aparecen ámbitos de su vida privada.

"Hubo referencias, que son ciertas, y aparecen miembros de mi propia familia, que son menores de edad", advirtió, en lo que calificó como un "atentado" contra su derecho a la privacidad. "Que todos lo tenemos, aunque estemos en la vida pública", aseveró.

Además, en referencia a las informaciones que apuntan a su departamento, insistió en que, "en ningún momento, ninguna persona, recibió ninguna indicación de dedicarse a otras labores" de una cartera que, recordó, tuvo una actividad "intensísima" en la que figuró desde la reacción a los atentados del 11 de marzo de 2004, al incendio del edificio Windson, la bomba en la T-4 de Barajas o la modernización del cuerpo de bomberos.

ENTRAR A FONDO

Sin embargo, reiteró "con rotundidad, que en ningún momento se hizo ningún seguimiento". "No bajo mi responsabilidad y no creo que nadie tomara la iniciativa", aclaró, si bien confió en que la Fiscalía "actúe y entre a fondo en cuestiones" de las que prefirió "no entrar en especulaciones que puedan desvirtuar" el curso de la investigación.

Así, su objetivo es que la Justicia "determine qué ocurrió, quién actuó, quién fue cómplice" y, si hay delito, "se depuren responsabilidades", en paralelo a las "decisiones que haya que adoptar" en el plano político con las pesquisas promovidas por el propio PP.

Al respecto, como "afectado", consideró que "no es el más indicado" para especular acerca de cómo debe proceder el partido, una vez abierto un proceso dirigido por la secretaria general, María Dolores de Cospedal, "de manera directa" y con una "enorme responsabilidad". Una actitud compartida por la portavoz en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, quien también prefirió "remitirse" a la investigación que se lleva a cabo para "que se conozca cómo ha sido".