VALENCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde de Alicante y diputado del PP en las Cortes Valencianas Luis Díaz Alperi ha presentado este miércoles la renuncia a su escaño del parlamento autonómico por la imposibilidad de cumplir con sus "obligaciones de trabajo" por "motivos de salud".
Así consta en el escrito, firmado por Díaz Alperi, quien ha delegado su firma para que se presentara por registro de entrada de las Cortes regionales. El ex primer edil de Alicante solicita la renuncia al acta "por motivos de salud, como ha quedado constatado en certificados médicos que obran en poder de estas Cortes". Añade que está "imposibilitado" para cumplir con sus "obligaciones de trabajo".
La siguiente en la lista del PP por Alicante es Virginia Romero, actualmente senadora, por lo que se prevé que no acepte el escaño que deja Alperi. De este modo, ocuparía el escaño de Luis Díaz Alperi la exalcaldesa de Polop de la Marina (Alicante) María Dolores Zaragozá.
Antes de que Díaz Alperi presentara su renuncia, el portavoz del PP en la cámara autonómica, Jorge Bellver, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación, que esta renuncia responde a "motivos de salud" pero "atiende también a las indicaciones" del presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, respecto a las "líneas rojas" sobre la presencia de procesados en el parlamento autonómico o como cargos del partido.
Díaz Alperi es uno de los parlamentarios del grupo popular que se encuentra imputado en alguna causa judicial. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) abrió el pasado mes de marzo juicio oral contra el ex primer edil alicantino por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio al considerar que existen indicios de que pudiera haber cometido fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en una cuantía que excede en cada ejercicio los 120.000 euros, para lo que se podría haber valido de personas interpuestas.
Además, está imputado en el caso Brugal, en el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Junto con Alperi está imputada la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el promotor Enrique Ortiz, entre otros. Por esta causa, fue llamado a declarar en noviembre de 2012 ante el alto tribunal.
