Los detenidos, uno de ellos exlegionario, vendían teléfonos con 'encrochat', un sistema encriptado usado por grupos criminales
MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
El abogado Guillermo Rocafort ha enviado una carta al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, en la que denuncia que este tribunal ha acordado la prisión provisional de dos personas de nacionalidad española en virtud de una orden de detención "ilegal" emitida por Francia, motivo por el que solicita su inmediata puesta en libertad. A ambos se les imputan delitos que van desde el tráfico de drogas hasta el blanqueo de capitales pasando por delitos informáticos.
Este letrado, que ha empezado también una recogida de firmas para protestar por esta detención, indica en la misiva que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, fue quien acordó la prisión provisional tras recibir la orden de detención y entrega (OEDE) francesa, y que actuó con "notable negligencia" al tomar la decisión de forma "arbitraria y apresurada". Decisión que "incomprensiblemente" --dice-- fue confirmada posteriormente por la Sala de lo Penal.
Apunta que los dos afectados son personas "honorables" con gran arraigo en España, y lamenta que la AN autorizara que decenas de agentes de la UCO "allanaran violentamente" sus domicilios el pasado 21 de junio acompañados "por muchos agentes franceses, con perros y con cámaras de televisión, creando un escenario impropio de violencia policial y judicial en presencia de varios hijos menores de estos dos españoles".
EL abogado denuncia además que el país galo actúa con una "violencia judicial aleatoria y sin fundamentos sólidos" y añade que "sólo falta imputar a los hijos menores y las mascotas". Sostiene que no han cometido ningún delito de los 16 que les imputan ya que "sólo han vendido teléfonos móviles encriptados en España".
Entiende que esa actividad en nuestro país es "legal" y ve en la reclamación de Francia, por un lado, un intento de humillación a España, y por otro, un interés en "torturarles y aplicarles la razón de Estado" tras mes y medio en prisión sin fianza. Apunta que se da en este caso una "sumisión judicial" a Francia porque "sin sentencia condenatoria compatriotas (...) van a ser extraditados en breve".
Asimismo, recuerda el abogado en la carta que uno de los detenidos es un veterano legionario que ha servido "de forma ejemplar" y que ha colaborado en múltiples actividades de asociacionismo cívico militar, siempre de forma "altruista y generosa".
CUESTIONAN LA ORDEN EUROPEA
En la resolución firmada por Pedraz el pasado 23 de junio relativa a uno de ellos, a la que ha tenido acceso Europa Press, se acordaba la prisión provisional, comunicada y sin fianza y destacaba en los antecedentes de hecho que la OEDE emitida por Francia el 20 de mayo llegaba tras una sentencia condenatoria de 30 años de prisión "por la comisión de un delito de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos informáticos, conspiración, participación en organización criminal y tráfico de armas, municiones y explosivos, cometidos durante el periodo comprendido entre los años 2017 al 2021".
Cabe resaltar que en la OEDE francesa de 7 de junio en ningún momento se refleja que haya una sentencia, sino que los hechos que se les imputan podrían acarrear penas que ascenderían a los 30 años de prisión.
Tras la detención en Madrid de uno de ellos, el juez explica que fue puesto a disposición de su juzgado y el fiscal interesó la medida cautelar de prisión provisional por el riesgo de fuga, la falta de arraigo y dada la gravedad de los hechos.
"Así pues, la prisión provisional, en este caso, tiene la finalidad específica de evitar la sustracción de la persona imputada a la acción de la justicia y asegurar la ejecución en su caso de la entrega que pueda acordarse, razón por las que debe ser acordada esta resolución", decía Pedraz.
En la OEDE emitida por el tribunal de instancia de Lille (Francia), al que también ha tenido acceso esta agencia, se indicaba que fue en 2018 cuando la Gendarmería descubrió un sistema telefónico encriptado utilizado por grupos criminales y denominado 'encrochat'. La investigación francesa reveló que los detenidos vendían este tipo de teléfonos a través de la empresa CIFRATEC y facilitaban a la red de 'encrochat' recursos logísticos en España a través de su empresa Inversiones Carambola.
"También proporcionaba 'guarderías' que se encargaban de recibir las tarjetas SIM y que eran personas vinculadas al tráfico de productos estupefacientes", dice la OEDE, añadiendo que esto permitía enviar teléfonos con esta tecnología "a delincuentes de todo el mundo".
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