La defensa quiso recusar al juez después de que éste supuestamente acusara a Asenjo de mentir durante el interrogatorio
MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El exresponsable de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, investigado en la pieza 17 del 'caso Tándem' que se instruye en la Audiencia Nacional, ha presentado simultáneamente una querella ante el Tribunal Supremo contra el juez instructor acusándole de prevaricar, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de su derecho a un juicio justo, y ha pedido además al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que aparte o suspenda al magistrado por inobservancia del deber de abstención y por abuso de autoridad.
Asenjo, quien ha declarado hasta en tres ocasiones ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, lo ha hecho en calidad de investigado en el marco de la pieza secreta número 17 de Tándem en la que se estudia desde octubre de 2019 la relación de Iberdrola con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
Tras haber tomado la decisión de que su cliente no vuelva a declarar ante el juez y los fiscales de la Audiencia Nacional, y tras pedir sin obtener resultados el levantamiento del secreto de las diligencias, ahora la defensa da un paso más en su estrategia y lanza una batería de escritos con el objetivo de apartar a García-Castellón de la instrucción.
Así, ha presentado una querella criminal ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el magistrado por la posible comisión de dos delitos de prevaricación judicial relacionados con los artículos 446 y 448 del Código Penal y un delito continuado de prevaricación judicial en relación al artículo 449.
QUERELLA EN EL SUPREMO
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se especifica que se recurre al TS dado que el magistrado está aforado, y por tanto el Supremo es el competente, y se apunta que el juez actuó por omisión o de forma negativa al no contestar hasta tres peticiones (tres escritos) de su patrocinado, lo que llevó a "la ausencia de disfrute de los derechos fundamentales que el Convenio europeo y la Constitución le otorgan, especialmente el de tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías".
Asimismo, motiva la querella en que el juez habría cometido un delito de prevaricación al no admitir el incidente de recusación que la defensa de Asenjo presentó en marzo, y apunta que la razón fue impedir que la Sección competente de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional visionase la tercera sesión de la declaración de su defendido ante el magistrado, cuando García-Castellón "estalló en un furibundo ataque de ira desmedida contra el querellado".
Según explica la defensa en el escrito, en esa tercera sesión del 19 de febrero se produjo un incidente en el que el juez habría empleado "un tono del todo punto exorbitado" fruto de "la ira y la rabia" dirigida contra Asenjo. Apuntan que le espetó y gritó expresiones como "¡No me tomes por tonto!", "¡No venga aquí a mentirme!", "¡Acaso se cree que no hago nada aquí sentado!" o "Está usted mintiendo, pero como tiene derecho...". Esto condujo a la decisión de instar el incidente de recusación frente a García-Castellón.
Además, añade que el juez incurrió en un delito continuado de prevaricación puesto que "de forma continuada y reiterativa e incurriendo consciente y dolosamente en la prohibición del non liquet", retrasa "injustificadamente" la decisión sobre una decena de escritos presentados ante su Juzgado Central de Instrucción.
Tras desgranar uno por uno esos escritos sobre los que no se obtuvo contestación, la defensa solicita ahora al Supremo que se practiquen diligencias oportunas como tomar declaración al magistrado, y citar como testigos tanto al inspector jefe de la Audiencia Nacional como al Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Central de Instrucción n 6 y a una gestora procesal del mismo juzgado.
La defensa recuerda en su escrito al Supremo que el delito de prevaricación judicial es castigado con la pena de multa de doce a
veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años.
RECURSO DE AMPARO ANTE EL CONSTITUCIONAL
El investigado en la pieza 17 del 'caso Villarejo' también se ha dirigido al Tribunal Constitucional, donde ha presentado un recurso de amparo porque, en su opinión, el comportamiento del juez García-Castellón ha vulnerado sus derechos a un recurso efectivo, a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo.
En su escrito, consultado por Europa Press, pide al tribunal de garantías que se le reconozcan vulnerados esos derechos y se le se otorgue un segundo amparo consistente en que se declare nulo y sin efecto alguno el auto del magistrado en el que éste rechazaba la recusación que había planteado demandante.
Asimismo, la defensa de Asenjo reclama al Constitucional que ordene "retrotraer las actuaciones" en el marco de la pieza sobre los supuestos encargos de Iberdrola al comisario jubilado Villarejo "al momento inmediatamente anterior a la vulneración de derechos" que dice haber sufrido por parte del juez instructor.
DENUNCIA MOTIVOS DISCIPLINARIOS ANTE EL CGPJ
Por otro lado, la defensa de Asenjo ha presentado también denuncia por motivos disciplinarios ante el CGPJ contra el juez García-Castellón, con el fin de que se le abra un expediente por falta fue grave de inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas, prevista en el artículo 417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La sanción debería conllevar la suspensión del magistrado e incluso llegar a apartarle de la Carrera Judicial, según esta parte.
En su escrito al órgano de gobierno de los jueces, que incluye un anexo documental de más de 400 páginas, el letrado Santaella también acusa al magistrado de la Audiencia Nacional de haber incurrido en otra falta de abuso de autoridad y desconsideración respecto a los ciudadanos (artículo 418.5 de la LOPJ) por la forma de conducirse ante su cliente en las tres ocasiones en las que éste ha prestado declaración como investigado en la Audiencia Nacional.
Igualmente, le atribuye "ignorancia inexcusable en el cumplimiento de sus deberes" prevista en el artículo 417.4 de la LOPJ por hacer oídos sordos a las medidas tendentes a evitar la captura de la imagen de su cliente; así como de desatención y retraso grave e injustificado en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales (artículo 417.9 de la LOPJ) por la atención dada a los escritos presentados por esta parte.
