MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) tendrá que facilitar los costes de producción y distribución de la nueva moneda de un euro con la efigie de Felipe VI, acuñada por su proclamación, al entender, la Justicia, que no supone una "revelación de secretos o estrategias empresariales".
Según ha informado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Juzgado Contencioso-Administrativo Central número 5 de Madrid ha desestimado este jueves el recurso presentado por la Fábrica de la Moneda, después de que el Consejo de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno respaldase la petición de un ciudadano que pedía conocer los costes de producción y distribución de dicha moneda.
El tribunal ha entendido que informar del coste de la fabricación de la moneda no supone "una revelación de secretos o de estrategias empresariales", ya que no se está ante datos sensibles; ni ante la vulneración del principio de libertad de empresa". La sentencia añade que "no se considera acreditado el daño con el límite a la información que se pretende proteger o salvaguardar". Así que, "el daño invocado es potencial", ha dicho.
En abril de 2015, la Fábrica de la Moneda desestimó la solicitud presentada por un ciudadano que pedía conocer el coste económico de la inversión realizada y asumida con fondos públicos, al entender que desvelar esta información "perjudicaría sus intereses económicos y comerciales", que su posición competitiva se vería dañada, por ejemplo, en las posibilidades de resultar adjudicataria en licitaciones para la acuñación de moneda abiertas en otros países".
Esta misma persona presentó una reclamación al Consejo de Transparencia porque, a su juicio, respondía "plenamente a la finalidad última para la que fue aprobada la Ley de Transparencia, acceso a la información y Buen Gobierno", es decir, la rendición de cuentas del dinero público. Por ello, esta solicitud fue estimada en julio de ese mismo año, según ha informado en un comunicado el Consejo.
Además, el Consejo de Transparencia consideró en su resolución que no estaba probado que la revelación de datos suponga un "perjuicio a los intereses económicos y comerciales de la entidad", tal y como argumentaba la denegación. Eso "supondría tanto como decir que los intereses económicos y comerciales de cualquier entidad que contrate con la Administración podrían verse perjudicados por cuanto que la información sobre el coste de los servicios que ofrece sería pública para sus competidores", añade la resolución.
TRECE RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
Esta sentencia judicial es la segunda favorable a una resolución del Consejo de Transparencia. La primera sentencia favorable tuvo lugar en mayo de 2016 cuando se instó a RTVE a facilitar los gastos de su participación en el festival de Eurovisión de 2015.
Hasta el momento hay trece recursos interpuestos por organismos públicos o ciudadanos contra resoluciones del Consejo, lo que significa "un 1,5% de las 852 reclamaciones" recibidas, ha señalado la institución.
