SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
La representación jurídica de la familia de la funcionaria fallecida el pasado 28 de mayo tras ser atropellada en la avenida de Hytasa de la capital hispalense pedirá responsabilidad patrimonial basándose "en la descoordinación que se admite en los informes municipales cruzados", una vez que el juzgado archive la causa penal a petición del Ministerio Público.
Fuentes del caso explicaron a Europa Press que, de esta manera, el hijo de Consuelo González acudirá a los tribunales por la vía de la responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento del semáforo de Hytasa; circunstancia que en principio no presentará problemas ya que el Ayuntamiento "tiene buena disposición", pues el propio alcalde de la capital, Alfredo Sánchez Monteseirín, aseguró a los pocos días del siniestro que estaba dispuesto a indemnizar a la familia.
Así las cosas, la Fiscalía sevillana ha solicitado el archivo de la causa, una vez que la compañía aseguradora del camión que atropelló a la funcionaria ha indemnizado con más de 120.000 euros al hijo de la víctima, porque este tipo de infracciones no son perseguibles de oficio por parte de la acusación pública, sólo mediante denuncia de la persona agraviada, que ha renunciado a emprender acciones legales contra el conductor del citado vehículo.
El pasado 10 de julio el Ayuntamiento envió al juzgado de Instrucción número 19 el tercer informe municipal sobre el atropello mortal de Hytasa, en el que se asegura que el semáforo del cruce donde falleció la funcionaria no estaba operativo por la "controversia" entre la empresa contratista de la obra que se estaban desarrollando en la zona --Aguilera Nogales y Cía.-- y la empresa de ingeniería de tráfico especializada en instalación y mantenimiento de redes semafóricos --SICE--.
Este último informe, que fue remitido al juzgado en un intento por aunar los presentados anteriormente por las delegaciones de Urbanismo y Movilidad, concluye que "la discordancia entre los informes obrantes en el juzgado probablemente obedezcan a que ambas delegaciones han dado respuesta al problema en base a la información suministrada por las empresas contratistas, sin considerar el alcance de la controversia existente entre las mismas, tanto en orden a las responsabilidades en la ejecución de los trabajos como en la distribución del coste a soportar".
Así, sitúa el "germen de las contradicciones" en una reunión celebrada el 9 de agosto de 2007, "a la que no asistieron responsables políticos ni directivos de ambas delegaciones", y que, a juicio del Ayuntamiento, "generó una confusión en la interpretación de sus conclusiones".
"Para Urbanismo SICE era simple y llanamente Delegación de Movilidad y, para Movilidad, SICE era un contratista tercero", sentencia el informe, que especifica que el citado encuentro estuvo motivado por "la rotura accidental de un cable de fibra óptica que conecta un grupo semafórico, no el que es objeto de este informe, con el Centro de Control".
